Editorial

El Govern indigna a los funcionarios

04.10.2015 | 02:45

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha intentado contrarrestar esta semana las quejas por la nueva congelación del pago del complemento de la carrera profesional a los funcionarios con una afirmación y un orden de prioridades que, en los términos planteados, resulta peligrosa por sus tintes superficiales y demagógicos.

Armengol ha dicho que su Govern atiende, por este orden, primero a quienes no pueden comer y después a los pobres, a las personas que no tienen trabajo y a las que se hallan en situación precaria. De este modo ha querido señalar que destinar en estos momentos 35 millones a la carrera profesional sería abonar un estatus de privilegio y preferencia para los trabajadores públicos.

Digamos que la presidenta no ha estado afortunada estableciendo la fatal comparación. No se puede lanzar, a modo de afrenta, la justa atención a quienes lo están pasando peor en nuestra sociedad, contra los derechos de unos funcionarios, que también son personas con necesidades por atender y a los que, por lo visto, la Administración gusta de controlar, igual que si el sueldo del empleado público estuviera a merced del político de turno.

Si de lo que se trata es de administrar con rigor y prioridad los escasos recursos económicos existentes, se podía establecer un orden de preferencias más coherente y razonable. Sin ir más lejos y sin salir de la actualidad, hubiera sido más sensato hacer caso a las voces que reclaman el retraso en la creación de la facultad de Medicina o la intervención en el poco productivo coladero económico que supone IB3.

No se entiende muy bien ese particular empeño de las dos últimas administraciones autonómicas en criminalizar a los funcionarios de Balears. Es como si se buscara docilidad doméstica donde debe haber rigor y abnegación profesional.

Si el problema de fondo, como es el caso, radica en la escasa financiación autonómica, la solución vendrá por la capacidad de los gobernantes en adecuarla a las necesidades reales y no por incrementar los recortes y sacrificios de los empleados públicos, por muy a mano que estén las partidas y conceptos de sus nóminas.

No se puede seguir en la irresponsable dinámica de congelar sueldos y derechos de los funcionarios cuando empieza el periodo de gobierno, como hizo Bauzá y ahora hace Armengol, y después devolverlos, al acercarse las elecciones, como anuncia ahora Rajoy para los funcionarios estatales.

Llama la atención que los conflictos laborales padecidos durante la legislatura anterior, especialmente en Educación y Sanidad, no hayan servido de escarmiento y correctivo. La nueva retirada del complemento de la carrera profesional acordado con Bauzá está desembocando en otro conflicto laboral que adquiere visos de prolongarse en el tiempo.

Está claro que los funcionarios, sobre todo cuando han consolidado su estabilidad, gozan de una serie de privilegios, pero no deja de ser menos cierto que en los últimos años se les ha exigido y han aportado un nivel de sacrificio muy superior al de otros colectivos. Ahora tienen derecho a recuperar la plena normalidad. Por otro lado, no se puede olvidar que los funcionarios son quienes sustentan, en su inmensa mayoría, la Administración y los servicios públicos. Mantener los conflictos laborales que les afectan, a la larga, podría acabar mermando la atención al ciudadano y el deterioro de las funciones administrativas y de gestión.

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