Prometo "por imperativo legal" y "sin renunciar a los valores republicanos"; "por la justicia social, la igualdad y en defensa de una educación pública, laica y en catalán"; con "fidelidad al pueblo de Menorca"; "hasta que esta democracia secuestrada por las élites económicas sea digna a (sic) su nombre".
La ley orgánica de régimen electoral general exige, para adquirir la plena condición de tales, que los diputados juren o prometan acatar la Constitución. No es una exigencia exagerada, teniendo en cuenta que la propia existencia de aquéllos deriva de ésta. Lo del "imperativo legal" no es una novedad: lo inventaron los diputados de Herri Batasuna en las elecciones generales de 1989 para evidenciar el repelús que les producía la Constitución y en general todo lo relacionado con España. El socialista Jordi Solé Turá defendió que la fórmula propuesta por los proetarras equivalía a decir "prometo por la fuerza y con reservas", y Félix Pons, entonces presidente en funciones del Congreso, anunció que no la consideraría válida. Sin embargo el Tribunal Constitucional, entendiendo que los argumentos jurídicos no tienen que moverse en la órbita de lo racional, acabó aceptándola. Y ahora otros parlamentarios a los que la Constitución también parece provocar sarpullidos han decidido adoptarla aunque, como heraldos de la edad dorada que se avecina, la han adornado con vistosos añadidos.
La diputada de Podem Laura Camargo prometió acatar la Constitución por imperativo legal y tal "hasta que se abran procesos constituyentes populares y las leyes estén al servicio de la gente y no de las élites". Todo el que lo busque en google comprobará que "proceso constituyente" es un término de moda en una parte determinada del espectro político. Se refiere a un cambio de régimen, a una alteración profunda de las reglas de juego, como el que hubo en España entre 1977 y 1979. Se llamó Transición y supuso el paso de una dictadura a una democracia, aunque no todos lo ven así. En realidad los dirigentes de Podemos parecen considerar el régimen del 78 como ellos lo llaman una continuación del franquismo por otros medios: "una operación en la que los sectores dominantes de la dictadura franquista cedieron una parte de su poder para no ceder en lo fundamental" (Errejón). Por eso pretenden iniciar "un proceso constituyente para abrir el candado del 78" (Iglesias) "desde abajo, sin padres de la Constitución solventando problemas en restaurantes secretos" (Monedero). Ninguno parece entender que la Constitución es la garantía de las libertades del ciudadano, y que el "cerrojo" es sencillamente una garantía de estabilidad, entre otras cosas frente a las tentaciones populistas. Un nuevo proceso constituyente debería alarmarnos, pues podría suponer, sencillamente, el tránsito de una democracia a otra cosa diferente, tal vez una de esas democracias adjetivadas como "democracia popular" en las que el adjetivo acaba disolviendo el sustantivo.
En cualquier caso, dado que el proceso constituyente se propone acabar con la Constitución, la promesa de Laura Camargo equivale a "prometo acatar la Constitución hasta que consigamos cargárnosla", o bien "prometo ser fiel hasta que me acueste con otra persona". Para eso habría sido más gracioso que hubieran dicho "proneto", como los niños pequeños cuando quieren eludir comprometerse. O que hubieran jurado con los dedos cruzados a la espalda.
* Número 3 de la lista de Ciudadanos al Parlament
