Algo serio y profundo está pasando con preocupante capacidad de trastocar las bases de los equilibrios sociales de Balears. No es moco de pavo constatar que 130.000 isleños, tres de cada diez para hacernos una idea exacta, hayan entrado en la fase de exclusión social y otros cuatro, 176.000 personas más, estén en el linde de hacerlo. Antes se le llamaba pobreza y sigue siéndolo, pese a la variación menos drástica de la nueva denominación en boga.

Son datos aportados por Cáritas, la entidad de la Iglesia Católica que cuenta con escasas simpatías del ministro Montoro porque le desbarata su optimismo oficial, pero que en la práctica suple muchas urgencias y necesidades que deberían cubrir las administraciones públicas.

Las Balears de la alta renta per cápita y la estabilidad económica y laboral son historia, deseo irrecuperable, teoría de un Govern que necesita pregonar éxitos imposibles de palpar. Mucho menos de disfrutar.

Pese a los datos objetivos de entidades solventes y sin adscripción política, como Cáritas, el Ejecutivo Bauzá insiste en simular que aquí no ha habido recortes y que se está avanzando en la progresión adecuada. La calle no lo percibe. Contrastando los elementos conocidos resulta más adecuado sostener que los mayores avances se registran en desigualdad, señal evidente de que las cosas se están haciendo de forma inadecuada. No es de recibo que las islas presenten estos desequilibrios sociales cuando, en términos globales, tienen una mejor evolución en la generación de riqueza y la reducción del paro. Por este camino se llega a la conclusión de que el nuevo empleo es insuficiente porque ahora, por primera vez, hay trabajadores pobres, entendiendo con ello incapacidad de cubrir las necesidades básicas con el sueldo percibido. Habrá que cuestionar por tanto, ya sin paliativos, la reforma laboral emprendida. De hecho, ya lo hace hasta la Unión Europea que la impuso.

El problema de la exclusión social es más serio en Balears que en la península. Ahí también hay un mar de diferencias de por medio. Este archipiélago sólo se aproxima a las precariedades que también se padecen en Canarias y Valencia.

Habrá que admitir por tanto que las políticas de austeridad implantadas no han sido neutrales y, en el caso concreto de Balears, añadir todavía que la economía sumergida se vuelve particularmente marginal. Los estudios de Cáritas también advierten que no todo se explica con la mera coyuntura económica dando por sentado que la situación actual se ha agravado por la carencia efectiva de un modelo social de país. Sólo el 45,8% de los hogares isleños tiene acceso a las ayudas familiares mientras que en el resto de España este soporte llega a alcanzar el 70,4%. Las diferencias van adquiriendo dimensiones muy alarmantes.