Mariano Rajoy estaba tan contento con el archivo del caso Camps por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que no sabía qué decir… En rueda de prensa, dicho esto –que no sabía qué decir– dijo algo así como que hable ahora la Inquisición. Según el líder popular, Camps habría sido objeto de una persecución inquisitorial, se supone que por parte del partido socialista y de los fiscales anticorrupción, al acusarle de haber recibido regalos de la trama Gürtel –la trama de corrupción política que se había enquistado en el PP– lo que, en el auto del Tribunal, no se desmiente en absoluto. Es más, se reconoce que existieron, con la única salvedad de que no se sabe si fueron para el president de la Generalitat o para el presidente del Partido Popular valenciano. Una duda que supone un carpetazo por no poder probarse que hubo cohecho. Es decir que, para los jueces que avalan el auto, Camps tiene al menos dos personalidades perfectamente definidas, aunque no se tenga noticia que se vista con un traje regalado cuando actúa de puertas adentro del partido y con otro cuando ejerce de presidente valenciano.

El traje o los trajes son siempre los mismos. Los trajes de Camps no pasan de moda. Es evidente que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha hecho una muy particular lectura del Código Penal para exculparle. Tanto es así que uno de los tres magistrados que firman el auto ha suscrito un voto discrepante con el que, según el razonamiento de Rajoy, habrá dado alas a la Inquisición para no enterrar definitivamente este asunto. En cualquier caso, las reacciones han sido inmediatas. Las del propio Camps y las de Rajoy rebosan una satisfacción que se antoja prematura, porque la Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que interpondrá un recurso y es posible que el asunto acabe en manos del Tribunal Supremo. Y será este alto tribunal el que, en última instancia, deberá dirimir sobre el alcance del caso Camps.

La cuestión ya no es si recibió regalos de una trama presuntamente corrupta, porque está comprobado que sí los recibió. El asunto es, ahora, dirimir sobre si al aceptar los trajes el presidente valenciano incurría en un delito o no. El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si es posible o no separar el político de partido del cargo institucional para determinar si hubo cohecho o si los regalos pueden aceptarse sin más, dependiendo del despacho al que se dirijan. La realidad, en estos momentos, es que estamos ante un auto que en lugar de clarificar lo sucedido siembra más dudas. Lo único que queda claro es que Camps mintió cuando aseguró haber pagado los trajes. Y, sin embargo, la dirección del PP ha querido convertir el archivo de la causa en una declaración de inocencia que no aparece por ningún lado. Algo parecido a lo que sucedió aquí con el túnel de Sóller, cuando se dijo que el president Cañellas había sido exculpado no porque fuera inocente sino porque los hechos por los que se le acusaba habían prescrito.

Resulta, pues, que Camps no es inocente, pero tampoco culpable. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuándo aceptar un regalo es un cohecho? ¿Qué tipo de regalos son políticamente admisibles y cuáles no? Dejando de lado las mentiras iniciales, el tema no es tanto si el receptor es un cargo público o de partido –que eso parece una simple jugarreta judicial para salir del paso– sino las relaciones de amiguismo, que fácilmente pueden llegar al cohecho, como se desprende en todo esta historia. Una cosa son los regalos protocolarios, y hasta los de aniversarios o celebración de eventos –y aún así debería legislarse sobre su cuantía– y otra bien diferente los que van dirigidos a comprar voluntades. ¿Dónde situamos el límite? Lo cierto, es que Camps mintió y sus trajes no pasarán de moda. Seguirán dando mucho que hablar.