El pasado 1 de diciembre Carmen, su pareja y sus tres hijos firmaron un alquiler con opción a compra en un piso del barrio de Son Gotleu. Acordaron con el propietario del inmueble una renta rebajada de 200 euros durante el primer medio año porque la pareja, que ya llevaba un tiempo viviendo allí, se había gastado cerca de tres mil euros en reformas. Todos estamparon sus firmas en el documento y la familia se dispuso a disfrutar de su piso, pensando en seguir reformándolo y en comprarlo en una fecha no demasiado lejana, cuando acabaran de reunir los ahorros de toda una vida.
Poco tiempo después un funcionario del juzgado se presentó en el inmueble. Carmen abrió la puerta y se encontró delante con una orden de desahucio. "Me dijo que estábamos de 'okupas' y que el juzgado nos iba a llamar muy pronto acusados de un delito de usurpación", relata Carmen, todavía desconcertada por todo lo sucedido.
El presunto propietario, un hombre de origen argelino, era en realidad uno de los muchos 'okupas' que han pasado por la vivienda en los últimos ocho años. La mujer y su familia invirtieron en la reforma del inmueble justo cuando había un proceso de desahucio abierto contra el argelino por parte de Bankia, propietario legítimo del piso.
"Enseñé el contrato al agente judicial", recuerda Carmen, que en ese momento se dio cuenta de que habían sido objeto de una estafa. "Él se limitó a informarme de que el proceso iba a ser rápido", explica la mujer.
Una tasación muy al alza
Así fue. El mismo mes de diciembre recibieron la notificación oficial del juzgado y en enero tuvo lugar el juicio que confirmó el desahucio. Se hará efectivo, si nadie lo remedia, el 5 de abril. La familia todavía confía en encontrar una solución pactada con la entidad financiera.
"Recurrimos a un abogado para hablar con ellos. Les pedimos que nos concedieran un alquiler social, también con opción a compra, porque a finales de este año podremos comprarlo. Pero claro, nos piden 80.000 euros y no vale ni la mitad. Si miras en internet, pisos como este en la misma zona te cuestan 45.000 o 50.0000 euros. Y eso si están reformados", afirma Carmen.
De momento Bankia no ha cedido. "No lo entiendo. Saben que hemos invertido dinero en reformar el piso y que somos una familia normal. Y saben perfectamente que si nosotros nos vamos, al día siguiente tendrán aquí a 'okupas' a los que por supuesto les va a dar igual conservar en buen estado la vivienda. Es increíble. Mi marido tiene trabajo y podríamos pagarlo, pero prefieren esa alternativa", indica Carmen.
"Yo siempre he ido por lo legal, nunca he querido alquilar un piso sin firmar antes un contrato. Y resulta que ahora estamos de 'okupas'. No sabemos qué hacer", lamenta la mujer.
Al llegar al inmueble la pareja pintó todas las paredes, cambió puertas y ventanas y arregló una fuga de agua que provocaba humedades en la vivienda de abajo. Ahora toda esa inversión ha sido en vano.
Alquilar otro inmueble a un precio asequible es misión casi imposible. La pareja tiene a su cargo a tres menores, por lo que necesita una vivienda lo suficientemente grande. "Miras por ahí y prácticamente todo lo que hay es a partir de 800 o 900 euros. Y encima te piden tres meses de fianza y un montón de exigencias", asume resignada esta mujer.
Carmen ha acudido a la Oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Palma en busca de una solución, pero se la han negado porque, según consideran, el matrimonio cuenta con unos ingresos suficientes para buscar un alquiler por sí mismos.
La plataforma Stop Desnonaments, que asesora a la familia, critica que "personas que lo necesitan de verdad se queden fuera de las ayudas por no cumplir con unos protocolos demasiado rígidos que no sirven para evitar desahucios", argumenta Joan Segura, portavoz de la plataforma. "Las mafias que 'okupan' pisos de bancos o particulares también son un problema para los que lo hacen por necesidad", añade.
