Podemos y Més han registrado esta mañana en el Parlament, para que se tramite por la vía de urgencia, una proposicion no de ley para instar al Gobierno central a garantizar el sistema público de pensiones, una iniciativa a la que no se ha sumado el PSIB ya que, según el diputado Carlos Saura, de Podemos, los socialistas no están de acuerdo en medidas como la recuperación de los 65 años como edad de jubilación ordinaria. "Hay diferencias sobre como garantizar el sistema de pensiones", ha precisado Saura quien ha puesto el foco sobre el PSOE nacional al entender que lo que ocurre con las pensiones es un ejemplo de la necesidad de un cambio de Gobierno central que, según ha dicho, los socialistas no desean. "Nos gustaría que de una vez por todas se produjera una moción de censura en el Congreso contra Rajoy, pero el otro día ERC planteó al PSOE que le apoyaría en ese caso sin pedir nada a cambio y el PSOE dió marcha atrás", ha relatado.

Saura y Josep Ferrà, de Més per Mallorca, han instado al Gobierno central a "dejar de mentir" con el mensaje de que el sistema de pensiones no es viable y a "detener el expolio" al que ha sometido a la hucha de pensiones. "El Gobierno del PP ha roto el pacto social intergeneracional dentro de una agenda neoliberal cuyo objetivo es acabar con el sistema público de pensiones", ha dicho Saura. Ferrà ha incidido en que el sistema de pensiones "es viable y posible" y que la mala situación en la que se encuentra se debe a que el Gobierno central ha utilizado la hucha de pensiones "para pagar otras cosas que no tienen nada que ver con los pensionistas ni con los trabajadores".

Así, entre las medidas que plantean en la proposición no de ley, se encuentra la de recuperar el límite que se puede gastar cada año de la hucha de pensiones, suspendido en 2012. A ello se suma, además de la recuperación de los 65 años como edad para la jubilación, introducir la financiación de la hucha de pensiones aumentando los impuestos a las rentas altas o con medidas como la de un "IVA social", consistente en destinar parte del IVA a las pensiones.

Asimismo, instan al Gobierno central a modificar la estructura productiva con una legislación laboral que elimine la precariedad y disminuya el paro, lo que permitiría aumentar las cotizaciones. También exigen que se suprima el índice de revalorización de las pensiones previsto en la ley de 2013 y que estas se liguen al Índice de Precios al Consumo (IPC) con el fin de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. Además, instan al Gobierno central a compensar a comunidades que, como Balears, "tienen las pensiones más bajas de todo el Estado".