El comité ejecutivo del sindicato de enfermería (SATSE), reunido ayer en seción extraordinaria, rechazó el proyecto de decreto por el que se regula la exigencia del conocimiento del catalán para trabajar en el Servei de Salut por hasta diez motivos entre los que destacó que se exime del requisito del conocimiento idiomático a las "jefaturas de servicio, directivos, mandos intermedios y, en general, a cargos de libre designación (plazas que requieran especial cualificación, conocimientos y habilidades directivas...)", denuncia el sindicato en un comunicado.
También resalta el SATSE que el borrador del decreto que se les presentó el pasado martes y que previsiblemente será aprobado hoy en mesa sectorial sin el apoyo de la mayoría de las fuerzas sindicales sanitarias podría incumplir el "marco legislativo europeo en relación a la libre circulación de trabajadores".
Recuerda el sindicato que el decreto excluye automáticamente a todos los profesionales sanitarios no fijos de la posibilidad de acceder a las oposiciones si no cuentan con la titulación de catalán exigida para cada categoría profesional. Esto es, el B2 para médicos y enfermeras y el B1 para el resto de trabajadores del IB-Salut.
Esta circunstancia, según las cifras que maneja el propio sindicato, impediría presentarse a 3.530 enfermeras incluidas hoy en la bolsa única sin acreditar el nivel de catalán exigido para su categoría "además de varios centenares de médicos y de otros profesionales sanitarios".
Tal y como adelantó este rotativo, el sindicato de enfermería lamenta que el documento presentado excluya de todos los procedimientos de movilidad (concursos de traslados y comisiones de servicios) a todos los profesionales con plaza fija, incluidos a los catalanoparlantes, que no acrediten el nivel exigido de catalán. Y que, por contra, lo permita a otros profesionales con plaza en otros servicios de salud del país y que a estos se les conceda un plazo de dos años para acreditar el conocimiento idiomático exigido.
Sin cuestionamiento profesional
Tras volver a denunciar que el decreto crea una "gran inseguridad jurídica" y que les ha sido impuesto hurtándoles la posibilidad de la negociación colectiva, los enfermeros concluyen que el documento presentado ni presenta criterios de proporcionalidad ni de progresividad y que, por lo tanto, "generará un impacto inmediato y desproporcionado en un porcentaje elevadísimo de profesionales que (...) sostienen la asistencia en el Servei de Salut (...) desde hace meses o años sin ningún tipo de cuestionamiento profesional".
Para evitar poner en riesgo la cobertura sanitaria y las previsibles impugnaciones del decreto por parte de los miles de profesonales que serán excluidos de las oposiciones, el SATSE solicita la retirada del proyecto de decreto y propone en cambio un plan a medio plazo de implantación efectiva y normalización del uso del catalán en la sanidad.
Un plan para el que sugiere varias ideas como una normativa estable en el tiempo e independiente de las alternancias en el Govern, incentivos por alcanzar mayores niveles de conocimiento del catalán así como una dotación económica específica y finalista para ello.
