Medio millar de afectados por el colapso del Banco Popular en Balears presentarán en los próximos días una querella conjunta contra los exgestores de la entidad en la Audiencia Nacional. "Les acusamos de falsedad contable, estafa, información privilegiada, apropiación indebida y otros delitos societarios", detalló ayer en conversación con este diario Miguel López Bortón, que se presenta en la causa en su doble condición de abogado y víctima.
Llevar el caso a la Audiencia supone un salto cualitativo en la batalla legal que arrancó con la presentación de varias demandas civiles contra el Banco Santander, entidad que compró el Popular por un euro simbólico con el beneplácito del Banco Central Europeo, el Fondo de Rescate (FROB) y las autoridades españoles el pasado 7 de junio.
Oficialmente, el Popular no tenía liquidez para funcionar ni un día más y por tanto no quedaba otra salida que la absorción. Sin embargo, López Bortón contradice esta versión y considera que sí había margen para mantener el banco con vida sin necesidad de tomar una decisión traumática que ha dejado a miles de pequeños accionistas sin los ahorros de toda su vida. "No fue una venta, sino una liquidación", argumentó el abogado.
Ampliación de la querella
Al Santander se le reclama que reponga el dinero de los accionistas como responsable solidario después de adquirir el cien por cien del Popular. En cambio, los exgestores de la entidad se enfrentan a penas de prisión. "Vamos contra Emilio Saracho [presidente del consejo de administración los últimos cien días de existencia del banco], Ángel Ron [presidente entre 2006 y finales de febrero] y el FROB. Y estamos estudiando ampliar la querella a otros responsables", indicó López Bortón. "Por los delitos que les imputamos se enfrentan a seis o siete años de cárcel", añadió el letrado.
La extinción del Popular se traduce en cifras de calibre en Balears. Son aproximadamente tres mil afectados en todo el archipiélago que suman 400 millones de euros perdidos. Se trata en la mayoría de los casos de accionistas minoristas, aunque hay excepciones. La familia Nigorra, por ejemplo, se dejó decenas de millones de euros aquel 7 de junio.
Los afectados que se han unido en la plataforma de López Bordón, unos quinientos, denunciarán en la Audiencia Nacional pérdidas que ascienden a nueve millones y medio de euros en conjunto. "Yo soy uno de los más perjudicados después de perder 200.000 euros", asumió este abogado.
Un banco a la deriva
Las acciones de López Bordón y el resto de afectados pasaron a valer cero euros de la noche a la mañana. Fue el coste de una fusión que las autoridades españolas y europeas consideraron indispensable para proteger los depósitos de los clientes del Popular. El FROB garantiza las cuentas de hasta 100.000 euros, por lo que la inmensa mayoría de ellos no tienen nada que temer.
Los grandes damnificados por el hundimiento del Popular son sus accionistas, cuyos ahorros se han esfumado sin que nadie se haya hecho responsable. Ellos entienden que alguien debe hacer frente a la factura porque confiaron en unas cuentas teóricamente bien auditadas.
Lo cierto es que la capitalización del banco había ido cayendo a lo largo de los últimos años, y son muchos los afectados que señalan directamente a la gestión de Ron. Cuando el banquero asaltó la presidencia la entidad se a cercaba a los 20.000 millones de euros de capitalización. Al abandonar el cargo la cifra se había reducido hasta los tres mil millones de euros.
Entre los afectados del colapso en Balears se encuentran parte de los trabajadores de la entidad, que en los últimos años habían adquirido acciones en las diferentes ampliaciones de capital que se ejecutaron para mantenerlo con vida. Al final solo sirvieron para aplazar el cierre y aumentar la lista de damnificados.
