Balears, la única autonomía que, con Madrid, es contribuyente neta al fondo de suficiencia que financia los sanidad, educación y servicios sociales de regiones con mejores resortes públicos debe también ser solidaria en el reparto del dinero de la casilla de "fines sociales" de la declaración de la Renta. O eso defienden tanto el Estado como autonomías de todo color político, que quieren que Balears reparta con ellas los 7,5 millones de euros que sus ciudadanos destinan a asociaciones de acción social. La excusa es la necesidad de "redistribuir riqueza", algo que rechaza de plano Fina Santiago: "Eso no es redistribuir riqueza, estamos hablando de asignaciones directas que hacen los ciudadanos de Balears, que a lo mejor aquí marcan "fines sociales" porque conocen campañas y acción directa de colectivos a los que quieren ayudar", esgrime la consellera, que pone el ejemplo inverso: "¿Por qué si en Navarra, que a lo mejor tienen una sociedad más ligada a la iglesia, deciden dar más para iglesia lo tenemos que compensar desde Balears", se pregunta. De hecho, en las islas, los ciudadanos apuestan menos por la Iglesia Católica: le asignaron en la Renta 5,2 millones, frente a los 7,5 millones de "fines sociales".
Esta intención estatal de hacerse con dinero de la Renta de los Balears llama más la atención con el actual sistema de financiación, que tiene ya mecanismos de solidaridad que hacen que los contribuyentes de Balears sean los que más impuestos aportan al Estado y al sistema autonómico.
