Jaume Matas, expresident del Govern, no tendrá que sentarse en el banquillo para demostrar el origen del dinero que utilizó para comprar su abultado patrimonio inmobiliario al que, además de su popular palacete de Palma, también se suman el apartamento de veraneo de la Colònia de Sant Jordi y el lujoso piso de Madrid, donde reside en la actualidad con su familia. El juez Castro acordó ayer el archivo de la investigación que se ha prolongado durante más de ocho años. Y lo ha decidido así porque la fiscalía Anticorrupción solicitó dicho archivo, debido a la imposibilidad de demostrar que el dinero que utilizó Matas para comprar estos bienes (aunque fuera a través de presuntos testaferros) procede de algún delito. El escrito lo firma el exfiscal Pedro Horrach, que en un relato de cuatro folios argumenta que el enriquecimiento ilícito, o lo que es lo mismo, el incremento patrimonial no justificado, de forma aislada, no constituye un delito. Solo lo sería si se puede vincular que este incremento patrimonial lo ha logrado a través de un delito previo.Patrimonio de Matas

El fiscal, en su escrito de archivo, recuerda que el expresident ha sido condenado en tres ocasiones. Sin embargo, ninguno de los delitos por los que ha sido declarado culpable tendría relación alguna con el incremento de su voluminoso patrimonio inmobiliario. Y recuerda, por ejemplo, que en el caso Nóos no fue Matas el beneficiario de la malversación de fondos públicos. Tampoco cree Horrach que la utilización de terceros, es decir, de testaferros, "si bien es un dato relevante", no representa un indicio suficiente para justificar llevar a Matas a juicio. El escrito de Anticorrupción recuerda que todas las viviendas vinculadas a Matas cuentan con una hipoteca, sin que hasta la fecha se haya podido demostrar que las cuotas mensuales de este préstamo, que pagan estos supuestos testaferros, se financien con dinero procedente de un delito.

Recuerda Horrach que no solo se ha investigado si Matas recibió supuestas comisiones ilegales, que justificarían la compra de estos bienes, en el caso Palma Arena, sino que también se ha indagado a través del caso Son Espases. Sin embargo, en ninguna de las dos investigaciones "han aflorado cuentas, depósitos, fondos o cualquier otra actividad patrimonial oculta, dentro o fuera de España". E insiste en que "no se ha puesto de manifiesto indicio alguno que revele que Jaume Matas ha sido receptor de comisiones por la adjudicación de obra pública".

Para rematar su petición de archivo de la causa, el fiscal recuerda que el tipo delictivo de blanqueo de capitales requiere de "indicios sólidos de la comisión de un delito precedente, sin que podamos apoyarnos en meras sospechas para su imputación".

La fiscalía era la única parte acusadora que intervenía en la causa sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Jaume Matas, ya que la abogacía de la comunidad autónoma había desistido, entre otras cosas, porque no existía indicio alguno de que estas compras se hubieran financiado con fondos públicos, además de no considerarse legitimada para continuar en este procedimiento.

Al no existir ninguna acusación, el juez Castro acordó ayer mismo el archivo de esta investigación. Una decisión que no solo afecta a Jaume Matas, sino también a su esposa, Maite Areal, a su cuñado, Fernando Areal, y a los investigados Bartolomé Reus, Miguel Ángel García Inés, Antonio Obrador, Josefa Lorca y María Emilia Rodríguez Mori, todos ellos implicados en la compra o en la rehabilitación de los inmuebles del expresident del Govern.