El juez Manuel Penalva, que instruye el sumario contra la presunta trama de corrupción policial y empresarial, dictó ayer una orden de alejamiento de Palmanova y Magaluf para dos trabajadores de la noche acusados de amenazar a testigos de cargo en el sumario contra Tolo Cursach. De forma paralela, Ángel Ávila, exempleado del grupo Cursach y antiguo director de la discoteca Pachà, denunció ante el magistrado nuevas amenazas mediante mensajes telefónicos y también por su condición de testigo de cargo contra las actividades delictivas del magnate de la noche encarcelado.
La Policía Nacional puso ayer por la mañana a disposición del juzgado de Manuel Penalva a los dos detenidos por amenazas. Uno trabaja para las sociedades de Tolo Cursach y el otro también está empleado en el ocio nocturno.
Los dos arrestados, asistidos por David Salvà, trabajan y residen en Calvià por lo que la medida cautelar les va a causar múltiples inconvenientes.
Plaza de las Pitiusas
Varios testigos han declarado en el sumario que han sido víctimas de amenazas, coacciones e intimidaciones por tiqueteros, personal de seguridad y directivos del grupo Cursach para perjudicarles en sus negocios, arruinarles u obligarles a vender baratos sus pubs y discotecas competencia de de BCM. Estas amenazas habrían tenido lugar en el entorno de la Plaza de las Pitiusas de Magaluf.
El juez Manuel Penalva en su auto de prisión incondicional de Tolo Cursach reveló que empleados de éste amenazaron a testigos de cargo tras la detención de su jefe. "No sabéis la que habéis montado, esto no te va a salir gratis", espetó un trabajador del Grupo Cursach a un testigo.
Según el instructor, otro empleado del holding de la noche, la restauración y los gimnasios advirtió a sus compañeros a través de las redes sociales de que "no se le ocurra a ninguno sacar los trapos sucios a relucir".
El primer testigo ha denunciado a los investigadores que ha sufrido un acoso constante en las últimas semanas y que fue despedido en su primer día de trabajo en un restaurante de s'Arenal por las presiones del Grupo Cursach.
Esta persona ha señalado que el jueves 2 de marzo, cuando Cursach llevaba dos días en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, un antiguo trabajador del Grupo le llamó hijo de puta en la calle, tras mirarle con odio y rabia. Pero las presiones para esta persona no acabaron allí dado que un conocido miembro de una asociación patronal turística escupió al suelo tras cruzarse con él en una calle.
Los dos detenidos negaron haber realizado amenazas, aunque admitieron que hablaron con algunos de los denunciantes sobre el caso.
Ángel Ávila declaró ayer ante el juez Penalva y denunció que sigue recibiendo amenazas mediante mensajes a su teléfono. El empresario es uno de los testigos que más elementos incriminatorios ha aportado contra Cursach y su director general Bartolomé Sbert.
El instructor ofreció a Ávila escolta policial, pero este declinó esa protección. El testigo ya fue intimidado hace unos días.
