La fiscalía anticorrupción no formulará acusación contra tres exaltos cargos del PP a los que el juez Castro, en la pieza separada 18 del Palma Arena, imputa varios delitos relacionados con el concurso para fabricar e instalar el videomarcador en dicho velódromo público. El fiscal en su escrito de alegaciones reconoce que se produjeron irregularidades en el proceso de adjudicación de ese sistema, que costó al Govern 2,3 millones de euros y se produjo entre 2006 y 2007.
Los principales imputados en esta pieza separada son José Luis Pepote Ballester, el director general de Deportes del Govern entre 2003 y 2007; Rafael Durán, exedil de Deportes de Cort y presidente del Consorcio para la Construcción del Palma Arena; Jorge Moisés, gerente del velódromo; y Miguel Romero, dueño de la agencia de publicidad Nimbus, que hizo las campañas electorales del PP de Balears de 2003 y 2007 y que ha admitido una financiación irregular de ese partido.
También están encausados otros tres implicados: dos vinculados a Odeco Electrónica S.A. y a su filial Smartvisión S.A.S. (la ganadora del concurso), Juan Carlos Rovira del Canto, representante legal) y Ricardo Arroyo Botana, directivo de las compañías y cuñado de Miquel Romero; y el técnico Sebastià Rotger.
Según mantiene Castro, el presunto amaño del concurso para el videomarcador se produjo meses antes de la licitación, como lo demostraría un correo electrónico de Romero dirigido a su cuñado Arroyo. En ese mensaje el publicista afín al PP le dice a su cuñado que "cuando te concedan el presupuesto del velódromo de Palma firmaremos un contrato con Odeco como patrocinador del Mundial (de Ciclismo en Pista)".
Romero le pidió a su cuñado un patrocinio de 150.000 euros para el campeonato que se celebró en mayo del 20007 en el velódromo Palma Arena, dinero que cobró Nimbus.
Nadie reparó
El magistrado afirma que de las cuatro empresas que se presentaron al concurso para el videomarcador dos eran de la misma compañía (Odeco y Smartvisión) y nadie de la mesa de adjudicación reparó en esa relación. Esos licitadores fueron los que obtuvieron las puntuaciones más altas y, finalmente, el contrato fue adjudicado (el 11 de diciembre del 2006) a Smartvisión.
El juez destaca que las ofertas de las dos compañías eran idénticas, aunque una de ellas estaba supuestamente elaborada en Francia y la otra en Badalona. Las plicas venían firmadas el mismo día y por la misma persona.
El Govern de Jaume Matas decidió gastarse un poco menos de dos millones en el videomarcador, que era uno de los equipamientos estrella del velódromo por sus avances tecnológicos. Sin embargo, el aparato costó unos 300.000 euros más, que fueron pagados a Odeco France, que había absorbido a Smartvisión, sin expediente administrativo alguno.
Castro responsabiliza de esos pagos a Rotger, un técnico que no tenía autorización para autorizar gastos suplementarios fuera del concurso.
Rafael Durán en su declaración aseguró que su papel no era decisivo en el Consorcio del Palma Arena y que el gerente del velódromo era el que se ocupó de la adjudicación del videomarcador.
Por su parte, Pepote Ballester también se desmarcó del día a día en las obras del Palma Arena y explicó que su trabajo principal versaba sobre los clubes y las entidades deportivas.
