Jaume Matas ha abierto un nuevo frente de negociación con la fiscalía Anticorrupción para alcanzar un acuerdo sobre el denominado caso Ópera. Se trata del proyecto que iba a realizar el famoso arquitecto Santiago Calatrava en la bahía de Palma, que consistía en un edificio dedicado a las artes escénicas. En realidad, el proyecto lo que escondía era una maniobra con fines electoralistas. El edificio nunca se construyó, pero el Govern tuvo que pagar 1,2 millones por el anteproyecto y dos maquetas.
Hace ya tiempo que el expresident del Govern aceptó el consejo de su equipo de abogados, de que era mejor alcanzar un acuerdo definitivo con la fiscalía. Buscó un acuerdo con Anticorrupción en el juicio del caso Nóos, que le supuso, además de confesar su responsabilidad en contratar al cuñado del Rey, desembolsar una importante cifra económica que entregó tras la venta de su palacete de la calle Sant Feliu.
Aunque está pendiente de conocer la sentencia del juicio del caso Nóos, en el que se solicita una pena de cinco años de cárcel, el expresident del Govern todavía debe afrontar varios juicios por corrupción. Uno de ellos es el caso de la Ópera de Calatrava. Hace casi dos años que el juez Castro terminó su instrucción y llegó a la conclusión de que Jaume Matas pudo cometer hasta cuatro delitos por impulsar el proyecto que iba a diseñar Calatrava. El juez le imputó prevaricación, malversación de caudales, fraude a la administración y falsedad documental. El magistrado decidió apartar del caso al arquitecto que iba a diseñar el edificio frente al Moll Vell, por el que cobró más de un millón de euros.
Un mes antes de que se celebraran las elecciones del año 2007, en el que Matas encabezó el cartel del PP, el candidato anunció este faraónica obra. Quería construir un edificio en la bahía, un diseño que supondría también una gran remodelación del Paseo Marítimo de Palma, incluido el soterramiento de la circulación. Matas anunció este plan sin tener en cuenta, por una parte, que los terrenos no eran del Govern sino del Estado y, sobre todo, que no realizó ningún estudio para conocer el coste económico que iba a suponer construir los diseños que había proyectado Calatrava. El president tuvo una entrevista personal con el arquitecto. El encuentro se celebró en marzo de 2006 en un hotel de Roma. El viaje supuso un coste de 5.124 euros. En esta reunión se establecieron los pormenores del edificio, así como el coste de la contratación del arquitecto. Calatrava elaboró unos dibujos sobre cómo iba a ser el edificio y realizó también unas maquetas que representaban todo su diseño. Sin embargo, no realizó ni planos, ni estudios del terreno sobre el que se iba a construir el diseño, ni un presupuesto del coste económico.
Matas, según concluyó el juez, lo que pretendía con la contratación de Calatrava era obtener un beneficio electoral. Sin embargo, los deseos del entonces president se frustraron, porque la Junta Electoral prohibió que el candidato del PP pudiera organizar una presentación pública del proyecto que había acordado con el famoso arquitecto. La prohibición llegó después de que el Govern ya hubo organizado la presentación, que supuso un coste de más de 100.000 euros.
Forma jurídica
El entonces president quiso dar forma jurídica a esta contratación. Lo tramitó a través de la conselleria de Educación y Cultura. Se realizó un informe jurídico avalando la contratación, sin previo concurso, de Calatrava.
Si bien inicialmente también se imputó a Calatrava y a otros altos cargos del Govern por este caso, al final el juez solo llevó al banquillo a Jaume Matas. Aunque el magistrado dio un plazo de diez días a las acusaciones para que presentaran sus escritos de acusación, este calendario no se ha cumplido. Sin embargo, estos días el fiscal Horrach está ultimando su escrito de acusación. No lo presentará hasta que se decida si Jaume Matas está dispuesto a asumir las condiciones que le ha impuesto para firmar este pacto. El acuerdo, cuyos detalles no se han desvelado, supone que Jaume Matas tendrá que asumir su responsabilidad en esta contratación y aceptar que cometió un delito. Si este escenario se produce será la primera vez que el exmandatario asume su error, puesto que públicamente se mostró especialmente satisfecho por haber impulsado la contratación del arquitecto. También está por determinar las consecuencias económicas que le supondrá este acuerdo con el fiscal.
