La Audiencia de Balears ha confirmado la decisión del juez José Castro de mantener la imputación del expresidente del Govern Jaume Matas para que sea juzgado por la contratación "a dedo", por 1,2 millones de euros públicos, del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración de un anteproyecto de ópera que nunca llegó a ser construida.

En concreto, sobre Matas pesan presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude continuado a la administración y falsedad en documento oficial en el marco de estas pesquisas, que constituyen la pieza separada número 3 del caso Palma Arena. El tribunal de la Sección Segunda ha desestimado así el recurso de apelación que interpuso el exministro contra un anterior auto del juez Castro, quien abrió la vía para que Matas pueda sentarse en el banquillo de los acusados como paso previo a la apertura de juicio oral.

La defensa del expresidente, ejercida por el abogado y exmagistrado de la Audiencia Miquel Arbona, apunta que no hay indicios delictivos para sostener su encausamiento, motivado por su presunta intervención en el marco de las negociaciones y la tramitación del expediente de contratación de Calatrava.

En su auto, la Audiencia señala que el recurso de Matas "no merece favorable acogida" y considera "poco probable" que, ante los argumentos de Castro, el imputado desconociera los hechos presuntamente delictivos "máxime cuando el propio apelante los utiliza para considerar que quien fue ordenado para amañar el expediente administrativo no se encuentre en el mismo trance" que el expresidente, en alusión al exconseller de Educación Francesc Fiol, para quien fueron archivadas las pesquisas.

De hecho, el tribunal subraya que de la resolución del juez se desprende que los hechos imputables a Matas pasan por haber ordenado a Fiol que materializara un expediente, "al parecer, cargado de irregularidades y, sobre todo, vestido de un acuerdo verbal ya adoptado y que determinó un desplazamiento patrimonial de caudales públicos".

Es más, la sala recoge el hecho de que las contrataciones menores que siguieron a la adjudicación del anteproyecto en favor de Calatrava y que "al parecer no debieron serlo" encierran un fraude en la contratación administrativa.

El juez señalaba en su escrito que Jaume Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas "con la finalidad de que el partido político que le sustentaba y que presidía obtuviera una decisiva ventaja" en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007, "a sabiendas de que la ejecución de tal proyecto no estaba en su horizonte decisorio, cuando menos a corto ni a medio plazo". Matas, sin embargo, defiende que todo fue legal.