La sentencia del Tribunal Supremo que condena al Govern a pagar 22,3 millones de euros de sobrecoste por las autovías de Eivissa -que ayer adelantó este diario- ha indignado a los partidos del Pacto. "No podemos hacer otra cosa que acatar la sentencia", señaló por parte del Govern su consellera de Presidencia, la ibicenca Pilar Costa. "Hemos llegado hasta el final para defender los intereses económicos de los ciudadanos de Balears recurriendo hasta donde hemos podido, pero sobre todo hacemos la valoración política de que todo esto es consecuencia de la etapa de obras faraónicas del PP. Ya hemos visto cómo han acabado muchas de ellas, y con costes multimillonarios", criticó Costa.

La consellera socialista criticó que el PP ejecutara "las autopistas que todos conocemos en contra de una mayoría de la voluntad ciudadana", y afirmó que "solo nos trajeron tensión y costes millonarios, a los que se añade ahora uno más con esta sentencia". "Durante muchos años pagaremos las consecuencias económicas de esas decisiones", criticó Costa.

La futura comisión de investigación parlamentaria sobre las polémicas obras "tiene ahora más razón de ser que nunca", manifestó David Abril. El coordinador de Més per Mallorca recuerda que la cantidad que los jueces ordenan indemnizar a las constructoras "supera el presupuesto para este año de la renta social" (20 millones), y que aún queda pendiente de resolución otra sentencia por valor de 7,5 millones de euros. "Hay que parar cuanto antes esta sangría y saber qué ocurrió realmente con estas autopistas", reclama.

Abril lamenta que "el Supremo ignore que Enrique Ortiz [uno de los empresarios que construyeron la autovía de Sant Antoni] ha confesado hace un mes que financiaba ilegalmente al PP, y no lo tenga en cuenta en su fallo". El diputado ecosoberanista celebra por contra que el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach haya anunciado su intención de reabrir las pesquisas si aparecen nuevos indicios delictivos, y cree en este sentido que la comisión de investigación política arrojará luz sobre este caso.

"Que el Supremo certifique un relato que no entendemos como cierto, como es el que el sobrecoste se justifica debido a la movilización ciudadana, no nos parece que se ajuste a la realidad", protestó Aitor Morràs, diputado de Podemos. "Sumamos esos 22 millones al despropósito que supone todo el sobrecoste de las autopistas", añadió. Morràs cargó contra las constructoras, beneficiarias de este fallo judicial: "Que ahora intenten sacar rédito económico de algo que ya tenían que haber previsto -como la pausa de los trabajos durante el verano para no interferir con la temporada-, es un poco intentar seguir chupando la sangre a los ciudadanos de la isla y de Balears. Todo el mundo sabe que en verano no se pueden hacer obras en Ibiza, y están prohibidas en zonas turísticas", recalcó Morràs.