El principal objetivo del Plan contra la Explotación Laboral del Govern es el efecto disuasorio contra la contratación irregular de las empresas. Una finalidad que se consigue nada más observar las sanciones a las que se exponen los empresarios que decidan acoger trabajadores de forma ilegal. La multas pueden ir de 600 a 180.000 euros. Así lo explicaron ayer el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, y la directora territorial de Trabajo del Gobierno en Balears, Rosario Mora, en la presentación del inicio de la campaña de inspecciones que contará con 80 inspectores, los 48 de la plantilla habitual, más 32 llegados desde otras comunidades.
Los 80 inspectores tienen previsto realizar unas 1.300 actuaciones en las empresas más susceptibles de cometer fraude laboral. En concreto, en Mallorca se prevén 650 actuaciones, 325 en Menorca, y otras 325 Eivissa y Formentera.
Rosario Mora indicó que el promedio de actuaciones anuales de la Inspección de Trabajo en Balears está en torno a las 19.000. Ahora se incrementará con las 1.300 previstas que se centrarán en investigar la explotación laboral de contratos por horas que les obligan a trabajar toda la jornada.
El conseller Negueruela aseveró que se realizaran controles aleatorios de las altas y las bajas a la Seguridad Social de las empresas isleñas con la clara finalidad de detectar los fraudes laborales. "La reconversión de los contratos temporales en indefinidos y fijos discontinuos es el objetivo principal del Plan contra la Explotación Laboral del Govern", indicó el conseller de Trabajo, quien añadió que este plan se encuadra dentro de los acuerdos del pacto de gobernabilidad de la izquierda. Negueruela recalcó que si se detecta que en las contrataciones parciales los trabajadores realizan más horas de las determinadas, se obligará a su retribución y a que el empresario cotice a la Seguridad Social las horas realizadas de forma irregular.
Las sanciones
Las multas por fraude o explotación laboral pueden ser duras. De hecho, Mora reconoció que las sanciones impuestas en algunos años han sobrepasado los millones de euros. Ahora, los empresarios saben a lo que se exponen con el incremento de inspecciones. Las faltas graves pueden ser de 626 euros a 6.250. Las muy graves van de 6.521 euros a los 187.515. Además de todo ello, los inspectores de trabajo, en colaboración con la Policía, pueden ordenar la apertura de un proceso penal contra el empresario infractor.
Una empresa que incumpla las medidas en materia de riesgos laborales puede llegar a tener una sanción de hasta 40.000 euros. De igual modo, si se acoge como trabajador a un parado o a un inmigrante sin dar de alta a la Seguridad Social la sanción puede ascender a los 10.000 euros por empleo irregular.
Las infracciones muy graves en Seguridad Social se sancionan con multas del 100,01% del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas, hasta el 150%. Con todos estos incrementos, la multa podría llegar hasta 187.515 euros por infracción.
También hay que tener en cuenta que todas estas sanciones se incrementan porcentualmente cuando en una misma empresa se detectan varias actuaciones irregulares en materia laboral. Durante el pasado año, la Dirección Territorial de Trabajo sancionó un total de 2.000 irregularidades laborales por un importe que se cifró en 7.9 millones de euros.
Iago Negueruela, que hace unos meses ejercía de inspector, relató que cuando llegan a una empresa y se observan irregularidades se impone una acción inmediata, con lo que en el plazo de una semana o quince días los contratos temporales deben haberse convertido en indefinidos.
"Que las empresas conozcan que pueden ser inspeccionadas ayudará a que se tome consciencia y a que mejoren las condiciones de trabajo y futuras contrataciones", apostilló el conseller.
