El Govern está decidido a incluir "cláusulas sociales en la contratación pública" que permitan reservar puestos de trabajo en la Administración a personas que padezcan algún grado de minusvalía o discapacidad, aseguró ayer la presidenta Francina Armengol, que indicó que este tipo de contratos ya los realizan instituciones como el ayuntamiento de Barcelona y que su Ejecutivo estudiará las fórmulas legales para ponerlos en marcha.

La presidenta hizo estas declaraciones tras reunirse ayer, acompañada por la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, con representantes del denominado Tercer Sector de Balears y que engloba, entre otras asociaciones, a la ONCE, a la Fundació Deixalles y a diversos colectivos que atienden a personas con discapacidad.

Armengol reveló que en el transcurso del encuentro abordaron la puesta en marcha de la renta básica garantizada que su Govern prevé que sea una realidad ya desde el próximo año. Se trata de una ayuda para que las familias más pobres de las islas puedan sobrevivir, en especial las que tienen menores a su cargo.

Preguntada sobre qué partida presupuestaria se dedicará a cubrir esta renta básica garantizada, la consellera Santiago declinó especificar una cifra concreta que, dijo, habrá de concretarse en la Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio.

En una entrevista concedida a este rotativo, Santiago concretó que este primer año la ayuda de 426 euros irá destinada prioritariamente a las familias sin recursos económicos y con hijos a su cargo ya que estimó que una de las prioridades del actual Govern pasa porque no haya niños que pasen hambre en esta comunidad. La consellera, que añadió que en 2017 esta renta irá destinada preferentemente a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, confió en que finalmente estas ayudas permitan vivir un poco mejor a unas diez mil personas.

Armengol también citó, entre los asuntos tratados, el compromiso de su Ejecutivo de "tirar adelante" la Ley de Dependencia cuyo desarrollo ha estado prácticamente paralizado durante la anterior legislatura del PP, como aseguran fuentes del actual Govern, o avanzar en el desarrollo de una estrategia de salud mental para las islas, colectivo tradicionalmente olvidado por la Administración.

Tras agradecer a las asociaciones del Tercer Sector el trabajo desarrollado con estos grupos de personas en dificultades, la presidenta aseguró que quiere "garantizar su estabilidad" impulsando, dijo, "la cultura de la concertación y huyendo de la cultura de la subvención".

Por su parte, Fina Santiago alertó de los perjuicios que pueden suponer para los ciudadanos de Balears dos normativas estatales entre las que citó el cambio en la baremación de la Ley de Dependencia que ha acometido el Ejecutivo central para rebajar los grados de dependencia ya concedidos y que provocará, puso como ejemplo la consellera, que a una persona a la que ya se le había concedido una plaza residencial la pierda ahora al disminuirse su grado de dependencia.

También se refirió la consellera de Servicios Sociales a la inminente entrada en vigor de la denominada Ley Montoro (norma que quiere garantizar la estabilidad presupuestaria en las instituciones) como un impedimento al desarrollo de los derechos sociales de los colectivos más vulnerables, por lo que adelantó la intención del Govern de aplazar dos años su entrada en vigor prevista ya para el próximo año.