El nuevo Govern está frenando el pago de un polémico complemento salarial -llamado ´Nivel 33´ en la jerga funcionarial- al exvicepresidente del Govern del PP, Antonio Gómez, y una veintena más de ex altos cargos en la legislatura pasada que se han reincorporado a sus plazas de funcionario tras el batacazo en las elecciones. La medida ha irritado profundamente a los afectados, que de este modo ven perder entre 400 y 800 euros de media -depende de la categoría- en su nómina mensual.
PSOE, Podemos y Més se han comprometido a suprimir por completo esta prebenda para determinados funcionarios que pasan por la política. A la espera de decidir cómo se aplica jurídicamente esta promesa electoral, el nuevo Ejecutivo ha ordenado que se paralice el reconocimiento del derecho a cobro, aprovechando que tiene seis meses de plazo para responder a las solicitudes.
Entre los perjudicados se hallan el citado exvicepresidente o el exconseller insular de Cooperación local, Bernardí Coll -ambos agentes de Medio Ambiente de profesión-, o el que fue director general de Interior y Emergencias, Sergi Torrandell; otros cargos menos conocidos son la ex secretaria general técnica de la conselleria de Salud, Lucía Matías; la de Hacienda, Beatriz Marañón, o la de Presidencia, Cati Ferrer, (mano derecha de Gómez).
Se calcula que los nuevos beneficiarios del ´Nivel 33´ tras el cambio de color político pueden ser entre 25 y 30 contando al personal de servicios generales de la Comunidad Autónoma, funcionarios del Consell de Mallorca, personal docente, personal estatutario del IB-Salut, profesores de la UIB y funcionarios del Parlamento.
En el caso concreto de Gómez, que es agente de Medio Ambiente al igual que Coll, el también llamado ´plus político´ le supondría percibir unos 700 euros más cada mes, según fuentes del Govern.
El afán para evitar quedarse sin este complemento salarial llega hasta tal punto que un grupo de ex altos cargos del PP urdieron una dimisión en bloque mientras el Govern de José Ramón Bauzá estaba en funciones. Pretendían asegurarse de que el Ejecutivo popular les blindara la consolidación del ´Nivel 33´ antes de que tomara posesión el nuevo Govern de izquierdas y cambiara la ley, como estaba trascendiendo durante la negociación del Pacto. Entre los que hicieron el amago estaban básicamente secretarios generales técnicos y cargos de tercer nivel del Govern. Lo pararon en seco el entonces conseller en funciones de Administraciones Públicas, José Manuel Lafuente, y el director general de Función Pública, Antoni Mesquida, que anunciaron que se negarían a firmar los reconocimientos, evitando el escándalo.
Otros cargos populares han tenido más suerte y se han escapado in extremis del nuevo statu quo. Pidieron reincorporarse enseguida tras perder el poder, y el Govern de Bauzá en funciones les firmó el pago del ´Nivel 33´ que ahora ya disfrutan. Entre ellos están el exfactótum de Educación y ejecutor del TIL, Guillem Estarellas, que fue destituido tras nombrar a la nueva consellera, Núria Riera. También los exalcaldes de Pollença, Tomeu Cifre, y de Sóller, Carlos Simarro.
