El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer la aplicación de varios preceptos de la ley de comercio de Balears, al admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la norma autonómica. Argumentan que se invaden competencias del Estado al incluir una moratoria de grandes superficies en territorio isleño. Una decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy que incluso fue calificada de "grave error" por parte del PP de Balears. Pese a esta decisión del alto tribunal, el Govern del pacto ya ha activado una vía legal con el objetivo de que la sentencia del Constitucional no permita la instalación de más grandes superficies. Se dictará una moratoria y se impulsará una reforma de la norma vía decreto ley.
El pleno del TC, celebrado ayer, también acordó admitir otro recurso del Gobierno a una ley balear impulsada por el Govern del PP de José Ramón Bauzá, en este caso la de ordenación minera, cuya vigencia queda también en suspenso hasta que se resuelva.
El recurso a la ley de comercio impugna varios artículos de la norma aprobada en octubre de 2014, ya que el Gobierno considera que establece una regulación contraria a la dispuesta en las leyes básicas de comercio interior. En cuanto al de la ley de ordenación minera, aprobada en las mismas fechas por el Parlament balear, el Gobierno denuncia por inconstitucional su artículo 23.1.
El tribunal acordó la suspensión automática de la vigencia y aplicación de todos los preceptos impugnados, tal y como le pidió el Gobierno en aplicación de un artículo de la Constitución que establece que esta impugnación produce la suspensión de la resolución recurrida, aunque el TC deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
El Constitucional acordó dar traslado de ambas demandas al Congreso y al Senado, así como al Gobierno y al Parlament balear, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en cada uno de los dos procesos y para formular las alegaciones que estimen oportunas, según informó el TC en un comunicado.
Recurso al Govern de izquierdas
El pasado 17 de julio, el Consejo de Ministros aprobó interponer el recurso contra la ley balear de comercio, al considerar que vulnera los requisitos básicos del comercio interno respecto a autorizaciones y condiciones para la implantación de los establecimientos comerciales. Un recurso que se presentó a las pocas semanas de haber tomado posesión el Ejecutivo de Francina Armengol, pese a que la norma recurrida fue aprobada por el propio PP en octubre de 2014.
El Gobierno considera que sus preceptos invaden "las competencias exclusivas del Estado al establecer una regulación contraria a los dispuesto en diversas leyes estatales básicas en materia de comercio interior". Esta regulación es la referida a la moratoria que dicta la Ley de Comercio de Balears para la instalación de nuevas grandes superficies en territorio insular.
El conseller de Trabajo y Comercio, Iago Negueruela, reunió al sector del comercio y todos los grupos políticos para hacer un frente común contra el recurso del Gobierno y evitar así que la moratoria de grandes superficies quede sin efecto. El nuevo titular de Trabajo recibió un apoyo inesperado. Fue el del diputado del PP y exconseller de Hacienda con Bauzá José Vicente Marí. El popular afirmó que se trataba de "un grave error" la actuación del Gobierno de Rajoy y recordó que la norma "se elaboró con un amplio consenso y gran esfuerzo". Marí alabó la gestión del conseller Negueruela, al igual que el resto de grupos parlamentarios y las diferentes patronales del sector comercial de las islas.
