El dinero público malversado por la corrupción en Mallorca parece que no tiene más billete que el de ida. En los últimos cuatro años, las arcas de la Comunidad Autónoma solo han recuperado 861.099 euros procedentes de casos de corrupción sentenciados, cuando la cantidad desviada, si bien no se dispone de una cifra exacta, se mide en millones de euros.
Según la Abogacía de la Comunidad, desde el año 2010 hasta la actualidad el Govern ha ingresado 861.099 euros gracias a la acción de la Justicia por cinco condenas de corrupción política. "Es una miseria", denuncia el diputado menorquín Nel Martí, del grupo Més, para quien el actual Ejecutivo no se toma con la seriedad que debería este asunto. Martí critica que la nueva ley de Transparencia que impulsan los populares, y que hoy mismo pasará su primer trámite parlamentario, "no ayuda para nada" a arbitrar mecanismos de control que garanticen la devolución del dinero malversado por los corruptos. Todo lo contrario, el texto "supone una rebaja" en la lucha contra esta lacra, opina el parlamentario ecosoberanista.
La cuantía resulta ciertamente escasa si tenemos en cuenta que solo por el caso Scala los acusados fueron condenados a indemnizar al Ejecutivo con más de 6,5 millones de euros. Hasta ahora, según los datos facilitados por la Abogacía de la Comunidad, solamente se han devuelto 646.540 euros por este entramado concebido para "saquear" -afirmó textualmente el fallo judicial- el antiguo consorcio público CDEIB. El exconseller del PP Juan José Cardona cumple una condena de 16 años de prisión en Eivissa como principal condenado, la mayor pena dictada en el Estado contra un corrupto. La exgerente del consorcio, Antònia Ordinas, también se encuentra presa por este caso. El desentierro de una vieja lata de Cola Cao en su jardín, donde la ex alto cargo del PP guardaba unos 240.000 euros en dinero negro procedente de comisiones y sobornos, supuso un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en la isla.
En la sentencia, que fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, los magistrados también condenaron al PP balear a reintegrar la cantidad de 10.585 euros para el traslado de folletos electorales desde Mallorca a Eivissa que en su día Ordinas y Cardona cargaron a los fondos públicos del CDEIB. El vicepresidente Gómez aseguró hace unos meses en el Parlament que su partido ya había devuelto esta suma más los intereses, por lo que cabe deducir que está incluida en los 646.540 euros restituidos hasta el momento.
Entre las cantidades retornadas también hay 12.000 euros de una de las piezas separadas del caso Palma Arena. Es el dinero que devolvió el 13 de febrero de 2013 Jorge Moisés, el exgerente del velódromo público, tras haberlo cobrado del anterior Govern del PP simulando confeccionar un estudio inútil. Moisés fue condenado junto a Jane King, secretaria técnica de la conselleria de Presidencia con el expresidente Jaume Matas, tras confesar ambos el contrato fantasma con el único objetivo de defraudar al erario público.
Otros 15.000 euros fueron restituidos el 16 de junio del año pasado tras la condena a cuatro años de cárcel para el exconseller de Turismo Miquel Nadal, por la contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller Tomás Plomer como gratificación por las labores que había realizado en favor de la extinta Unió Mallorquina (UM), el partido de ambos.
Finalmente, la Abogacía tiene contabilizados 92.023 euros ingresados el 4 de junio del año pasado por el caso Turisme Jove -otra trama que esquilmó el consorcio público del mismo nombre-, a los que hay que añadir 95.536 euros del caso Ibatur, por el que fue condenado su ex asesor jurídico Miquel Àngel Bonet, tras reconocer que desvió esa suma de la empresa pública a las cuentas de varios familiares durante la última legislatura de Matas.
