Apenas cinco días de juicio del caso Scala han bastado para agotar la capacidad de asombro de los espectadores. La incompetencia, los desmanes, los latrocinios cantados de viva voz o a través de libreto son tan descomunales que parece imposible que los mallorquines vuelvan a confiar en sus políticos. Y, sin embargo, hay que intentar recuperar al ciudadano para la cosa pública. Primero será necesario airear los desmanes y después castigar a quienes han contribuido al descrédito de la función pública.

El lunes, un ex director general del Govern más corrupto de la historia de Balears, entregó su partitura a la sala en el que entre otras lindezas afirmaba "personalmente le entregué [al ex conseller Josep Juan Cardona] a lo largo del periodo 2003-2007, en unas cinco ocasiones sobres que contenían dinero, y que me fueron entregados por Antònia Ordinas a tal efecto. Las cantidades que contenían los sobres eran aproximadamente 20.000 euros cada uno". Cardona ha intentado desacreditar este y otros testimonios con el argumento de que han alcanzado un pacto con el fiscal. Un acuerdo que les obligará a pasar cinco años en la cárcel no parece que sea motivo para entonar un do de pecho.

Desde el primer día hemos escuchado a los acusados Kurt Viaene, Antònia Ordinas o Felip Ferré cantar cosas como: "He recibido comisiones en efectivo procedentes del CDEIB"; "fui en todo momento consciente, y me aproveché de ello aceptando la percepción de comisiones, de la manipulación de los expedientes administrativos", "Josep Juan Cardona se hospedaba en hoteles que llegaron a costar 2.000 euros la noche", "yo era la encargada de recaudar el dinero, siempre en metálico, una parte me la quedaba y el resto lo entregaba a Kurt Viaene", "me decía que una parte del dinero se lo entregaba al conseller", "llegamos a exigir hasta un 40% en comisiones a los empresarios".

Los informes sobre la historia de China o las características del queso y otros -todos "infumables", según se dijo en la sala-, la sobrasada hecha en EE UU, las bodas chinas en el castillo de Bellver que no llegaron a celebrarse o el pago de 25.000 euros a un chófer que chantajeaba con unas fotos darían para varios episodios de La escopeta nacional de Berlanga. Todo tenía un único objetivo: cuanta más gestión económica mejor "porque había más comisiones a repartir".

Los trabajos "fantasma" exigidos por el alcalde de Manacor para un protegido o la "subvención encubierta" para la patronal agraria que saca los tractores a las calles cuando gobierna la izquierda son un déjà vu.

Una buena noticia mejora si va acompañada de un entorno adecuado. El caso Rasputín tuvo la banda sonora de Boney M. El caso Scala está ligado a la fotografía impagable de cuando desenterraron las latas de Cola Cao del huerto de Antònia Ordinas. No sé quién decidió colocar los envases que un día contuvieron 240.000 euros a un paso de los acusados para que las cámaras captaran unas imágenes impagables. El periodismo le estará siempre agradecido porque la escenografía ha mejorado un juicio ya de por sí atractivo.

La historia resultaría chunga e hilarante si no fuera porque estamos hablando del saqueo planificado y sistemático de las arcas públicas. Un plan que tenía el objetivo de enriquecerse con una avaricia digna del shakesperiano Shylock, el judío vejado y estafado de El mercader de Venecia.

Post scriptum. El gabinete de comunicación del PP remitió el miércoles su comunicado de adoctrinamiento número 182 a los opinadores adictos. Trata sobre la decisión del Consell de remitir a la fiscalía el contrato con Mac Insular. Por si alguno de ellos tiene interés en conocer la verdad, le advertiremos de que en el escrito se obvia que el PP votó a favor de la concesión después de pactar con la malísima Maria Antònia Munar. Por cierto, ¿existe una acción coordinada entre la institución y el partido? ¿Reciben alguna compensación pública los opinadores que siguen al pie de la letras las instrucciones del PP? ¡Pagaría por conocer la lista de los pensadores independientes!