En un país de saldos, en el que los salarios de la población bajan cada vez más rápido mientras el Gobierno sostiene que la recuperación ha llegado y los ministros cobran poco, no caben excepciones políticas, ni privilegios de casta. O así lo ve la Justicia, que nuevamente vapulea a José Ramón Bauzá. El Tribunal Supremo ha decidido ahora no admitir a tramite el recurso del Govern contra la sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia de Balears tumbaba una de las primeras decisiones del president tras hacerse con el poder: subir los salarios a sus colaboradores más íntimos.
Según notificó el Supremo esta misma semana, el Govern tendrá diez días para alegar contra la decisión de bloquear la subida de sueldos. Será el último clavo ardiendo que le queda al Govern, que primero vivió una suspensión cautelar del incremento de hasta el 21% en el salario de algunos de los miembros del gabinete y, más tarde, sufrió una sentencia contundente, casi lacerante, en la que la magistrada del Superior Carmen Frigola dejaba claro que la mejora de sueldos de Bauzá a los suyos "es contraria a derecho". Y contraria al mínimo decoro, venía a decir la magistrada. Frigola calificada de hecho la subida de "despropósito" y obligaba a cuatro miembros del equipo de Bauzá a devolver los 20.000 euros cobrados de más.
La sentencia que ahora se niega a revisar el Supremo da la razón punto por punto a UGT, sindicato que llevó ante los tribunales una mejora salarial que coincidía en el tiempo con la aplicación de medidas de recorte de sueldos de funcionarios, aumentos de jornada y casi 1.200 despidos en el sector público. Los ajustes afectaban a todos los trabajadores de la administración, desde los puestos más modestos de cada departamento a magistrados como la que firma el fallo contra la subida de Bauzá, que habla en su sentencia de "discriminación". "Resulta un despropósito que, mientras a todos los empleados públicos se les rebaja el sueldo y se les exige un sacrificio, a los empleados eventuales [designados a dedo por Bauzá] desde su comienzo se les retribuya con unos emolumentos superiores a los que recibían los del anterior Govern", reza la sentencia.
Abusos políticos
La magistrada desmontaba uno por uno los argumentos esgrimidos por los de Bauzá. Decía por ejemplo el Govern que los nuevos cargos asumen labores que antes ejercían varios empleados, con lo que se ahorran sueldos. Del mismo modo, sostenían en el Govern del PP que el gabinete reducía a menos de la mitad su coste total. La jueza no aceptaba las explicaciones. Argumentaba que, aunque la reducción de digitados políticos "ha de ser aplaudida", el esfuerzo adicional de los nuevos cargos como consecuencia de los recortes es un "sacrificio igual" al que se exige al resto del personal, que, lejos de ver mejorados sus salarios por asumir más jornada, vieron sus nóminas cercenadas. "No es admisible aplicar un criterio distinto en el aspecto retributivo a personal al servicio de la misma Administración", zanja.
"En tiempos de crisis, cuando se exige a toda la sociedad un sacrificio personal, la transparencia y la ejemplaridad en la actuación de cualquier gestor deviene fundamental", recalcaba la ponente de la sentencia, que subrayaba que con la designación de eventuales políticos "es evidente que se ha hecho un uso abusivo por toda la clase política en general, que se ha servido de esos puestos para colocación y destino de personal afín".
Francesc Antich, presidente del último Govern del Pacte (2007-2011)..
La sentencia obviaba un hecho sencillo de probar, que la Abogacía no acertaba a exponer. La subida no es tal en algunos de los colaboradores rebajados, que acabarán perdiendo parte de su salario por una doble pifia de su Govern. Primero, porque cuando fueron nombrados se les puso en sustitución de cargos de inferior rango al que en realidad ejercen. Es el caso por ejemplo de Helena Rubí, secretaria general de Comunicación: sustituía a Gina Garcias, la directora general de Antich, que cobraba 53.464 euros anuales, frente a los 50.023 de Rubí. ¿Por qué se dice entonces que se ha subido el sueldo? Porque al plasmar el relevo en el Boletín Oficial pusieron a Rubí en sustitución de la jefa de prensa de Antich, Pilar Calatayud (46.238). Resultado: Rubí cobra menos que su predecesora, pero aún así tuvo que devolver dinero. Y lo mismo ocurre con algunos de los otros afectados. Aquí es donde se produce la segunda pifia del la Abogacía del Govern, que ha demostrado esta legislatura una capacidad sin igual para perder contenciosos. En este caso, en vez de documentar estos errores al plasmar el relevo, la Abogacía sostuvo la tesis que tumbó el Superior y no quiere ni revisar el Supremo: que los afectados cobran más porque trabajan más. Como casi todos en el país de los sueldos menguantes.
