El Tribunal Superior de Justicia ha determinado que la subida de hasta un 25% de los sueldos de los miembros del gabinete de José Ramón Bauzá no se ajusta a derecho, por lo que ha dictado una sentencia revocando la decisión del president que fue aprobada en 2011. El sindicato UGT llevó esta subida salarial ante los tribunales al considerarla injusta.
La sentencia obliga a los miembros del gabinete a devolver el dinero correspondiente a esta subida recibido hasta 2012, ya que en marzo de ese año el TSJIB dictó un auto en el que decretaba la suspensión cautelar de este incremento. El Govern la recurrió y tres meses después el tribunal reafirmó la medida.
El TSJIB asegura en la sentencia que "en tiempos de crisis, donde se exige a toda la sociedad en su conjunto un sacrificio personal, la transparencia y la ejemplaridad en la actuación de cualquier gestor deviene fundamental". Así tildan de "despropósito" que, en un momento en el que "mientras a todos los empleados públicos se les rebaja el sueldo y se les exige un sacrificio" a los miembros del equipo de Bauzá, que son empleados públicos eventuales, "desde el comienzo se les retribuya con sueldos superiores a los del anterior Govern".
El president del Govern, José Ramón Bauzá, tras ganar por mayoría absoluta en las elecciones, anunció que llegaba al Consolat con un gabinete más reducido que el de su predecesor, Francesc Antich: mientras este último contaba con 70 cargos que recibían 2,7 millones de euros al año, el presidente popular llegaba con 43.
Sin embargo, estos números también encerraban otros. En su propio gabinete, el president llegó a aplicar incrementos de hasta el 25% en plena crisis. Y en el resto de cargos de libre designación, más de lo mismo: según los datos del Govern Bauzá, los políticos de Antich salían a 38.682 euros de media al año, frente a los 43.467 que se embolsarían los del nuevo president. El equipo de Bauzá se apuntó así una subida de sueldo de más de 796.000 de las ya extintas pesetas.
Bauzá justificó esta medida en que su equipo era más reducido que el de Antich, por lo que deberían asumir mayores responsabilidades. Sin embargo, la sentencia del TSJIB asegura que, en tiempos de dificultades económicas, este argumento nunca puede ser válido.
La decisión del tribunal puede ser recurrida por el Govern, que tiene un plazo de 10 días para hacerlo.
