El colapso que arrastran desde hace años los juzgados de lo social de Palma ha empeorado a ojos vista: se están señalando juicios para marzo del 2017. El decano de los jueces unipersonales de Palma, Francisco Martínez Espinosa, admite su impotencia y preocupación por una situación que podría estar vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, al tiempo que la familia de un afectado por las demoras se plantea iniciar una huelga de hambre para conseguir adelantar el juicio.
Si en septiembre este diario publicó que la demanda de una camarera de hotel contra la Seguridad Social para serle reconocida una incapacidad laboral por enfermedad se había señalado para julio del 2016, con 20 meses de retraso, los juicios ahora se están programando con 28 meses de aplazamiento.
Francisco Martínez Espinosa, decano judicial de Palma, reconoce que la saturación de los juzgados de lo social está provocando numerosas quejas. "Hemos recibido peticiones de personas con situaciones muy dramáticas que reclaman un adelanto de su juicio, pero no podemos hacer nada porque priorizar una demanda supone postergar a otros miles de personas que están esperando y padecen problemas iguales o peores", se sincera Espinosa."No sabemos si nuestro pariente estará vivo dentro de 2 años cuando se celebre el juicio de su incapacidad"
El pasado 11 de octubre el juez de refuerzo destinado en los cuatro juzgados de lo social de Palma, que tienen competencias para toda Mallorca, cesó en sus funciones. Este magistrado se dedicaba a juicios de despido, a los que se les quiso dar prioridad por la delicada situación económica y laboral de los trabajadores afectados. Desde el Tribunal Superior se anunció que otro juez sustituirá eventualmente al desaparecido refuerzo, pero el panorama se ha agravado en las últimas semanas.
Crear dos juzgados
Martínez Espinosa opina que poner jueces de refuerzo o aumentar la jornada laboral de los funcionarios son "parches" que no remedian el mal: "Hay que crear ya dos nuevos juzgados de lo social".
Esa misma reclamación fue formulada, en un escrito dado a la opinión pública, por los magistrados de lo social en octubre.
¿De qué vive mi cuñado?
Entre los cientos de demandas empantanadas en los juzgados de sa Gerreria se halla la de un médico con un 52% de minusvalía e informes de otros doctores que certifican su total incapacidad para trabajar. Pese a ese diagnóstico, la Seguridad Social se niega a reconocer su invalidez y otorgarle una pensión. Su juicio ha sido postergado hasta noviembre del 2016.
El decano judicial afirma que jueces de refuerzo o prolongación de jornadas son parches y no soluciones
"¿De qué vive esta persona hasta dentro de dos años, no puede trabajar y no tiene ingresos y hay que vivir cada día y cada semana?, explica el cuñado del médico.
La familia del enfermo se está volcando para cuidarlo, pero teme que "dentro de dos años quizá él ya no esté vivo para llegar al juicio".
Los afectados están removiendo cielo y tierra para intentar adelantar la vista. "Desde el decanato de los juzgados nos han contestado explicando la situación de los juzgados de lo social de Palma y admitiendo que los juicios se están dilatando más allá de lo razonable, pero añadiendo que es imposible anticipar la fecha de juicio porque ello supondría perjudicar a otros litigantes que tienen igual derecho que nuestro cuñado", explican los familiares del médico enfermo.
También han acudido a entrevistarse con la secretaria del juzgado de lo social, que les ha recibido con amabilidad, se ha ofrecido a ayudarles en lo que esté en su mano, pero ha reconocido que la agenda de señalamientos no se puede tocar y que ya se están fijando vistas para el 2017.
La Constitución reconoce el derecho a una justicia sin dilaciones indebidas, recuerdan los afectados
"¿Hay derecho a que un ciudadano de este país que ha cotizado durante años a la Seguridad Social y ahora no pueda trabajar por una grave enfermedad tenga que esperar dos años para que salga su juicio por una demanda de incapacidad y conseguir una ayuda?", se preguntan los afectados.
La familia se cuestiona también si la tardía respuesta judicial a su demanda estaría vulnerando el derecho a una justicia sin dilaciones indebidas, reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Idénticas dudas se plantea el decano Espinosa.
El Consejo General del Poder Judicial no contempla aumentar los juzgados de lo social de Mallorca, pero sí va a crear en breve el noveno juzgado de lo penal de Palma, que se dedicará a intentar desatascar las ejecutorias de sentencias penales.
