El caso Peaje, la presunta trama de corrupción que salpicó a la cúpula de Carreteras del Consell de Mallorca entre 2003 y 2007 y que supuso para las arcas públicas unas pérdidas de, por lo menos 45 millones de euros, será juzgado por un tribunal popular. La juez Ana María San José dictó ayer un auto para que el caso sea enjuiciado por un jurado y acusa a 13 personas, entre ellas el exconseller Antoni Pascual, el exdirector insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, el exingeniero jefe Francisco Orejudo, y el celador Gabriel Mestre, de formar parte de una trama de malversación de caudales y cobro de comisiones en forma de obras y en metálico.
Cinco años después de que estallara la operación Peaje, centrada básicamente en los desvíos de fondos en torno al desdoblamiento de la antigua carretera de Palma a Manacor, un proyecto que le costó al Consell de Mallorca 140 millones de euros, la instrucción se da por acabada.
Otros de los acusados son antiguos responsables de la UTE Desdoblamiento C-715 (antiguo nombre de la carretera); proveedores de la misma y empresarios con negocios en la vía. Por la UTE figuran Jerónimo Gutiérrez, jefe de obra; José Javier Navarro, jefe de producción; Jaime Mascaró, gerente; y Carlos Calafat, jefe de seguridad.
Entre los proveedores y empresarios se hallan: Miguel Riera, responsable de Electro Hidráulica; Sebastià y Bartomeu Cloquell, dueños de Germans Cloquell; y Guillermo Garí, propietario del restaurante El Cruce. Por último se halla implicada Mónica Florit, compañera sentimental de Francisco Orejudo.
Incumplir los pliegos
La magistrada acusa a la antigua cúpula de Carreteras, con el exvicepresidente del Consell Antoni Pascual Ribot a la cabeza, de "posibilitar que en la obra de desdoblamiento de la carretera no se cumpliera con lo exigido en los pliegos del concurso, causando a la Administración insular un perjuicio económico de 41,963 millones de euros, lo que redundó en beneficio económico de ellos y de la empresa adjudicataria". El auto no desmenuza estos supuestos incumplimientos, pero entre ellos está el grosor de la capa de asfaltado de la vía rápida, que fue mucho menor al proyectado.
La magistrada también les acusa de "omitir deliberadamente el control del peaje en la sombra, que debía ser un criterio retributivo, y aceptar que se pagase el máximo acordado sin estar justificado".
Los altos cargos del Consell también serán juzgados por apoderarse de fondos públicos "mediante el sistema de realizar obras de reforma de sus respectivos domicilios particulares, utilizando a proveedores de la UTE, que sufragó esas facturas". También simularon hacer horas extraordinarias para quedarse con ese dinero.
La ampliación de la carretera de Manacor se convirtió en un zoco de corrupción: los cargos del Consell "exigieron dinero a particulares y empresas titulares de establecimientos abiertos al público ubicados en los laterales de la vía, ya sea para la realización de obras de entrada a dichos establecimientos o por otros motivos".
La instructora recoge en su auto con precisión los sobornos cobrados por la cúpula de Carreteras en forma de obras: 700.000 euros Francisco Orejudo y su novia; 223.544 euros Gabriel Mestre; y unos 115.000 euros Gonzalo Aguiar.
A Antonio Pascual se le imputa el cobrar comisiones de todos los pagos que efectuó la UTE. Según el auto, el exconseller de Carreteras del Consell recibía de los mandos de la UTE copias de los albaranes "para detraer su beneficio particular".
El auto señala la fecha del 28 de abril para una comparecencia de los imputados, prevista en la Ley del Jurado.
