La fiscalía anticorrupción ha interpuesto una querella por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos contra Antoni Pascual Ribot, actual vicepresidente del Consell de Mallorca por Unió Mallorquina (UM) y responsable del área de Carreteras de dicha institución desde 1999 hasta hoy. De forma paralela, anticorrupción y la Policía desataron ayer la operación Peaje, contra una supuesta trama de corrupción relacionada con el desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor, que se saldó con siete registros en sedes de empresas, ocho detenidos y varios imputados más. Entre los arrestados destaca Francisco Orejudo, ingeniero jefe del proyecto de las obras de la autovía y alto cargo del Consell Insular de Mallorca. También fue arrestado otro funcionario, Gabriel Mestre, encargado de la vigilancia. Son los únicos que han pasado la noche en los calabozos policiales.
Secreto de sumario
La querella contra Antoni Pascual fue interpuesta la semana pasada y correspondió, por reparto, al juzgado de instrucción 5. La magistrada Ana María San José decretó el secreto de sumario y ayer su juzgado se encargó de varios de los registros en sedes palmesanas de sociedades relacionadas con la UTE adjudicataria de la "autovía" de Palma a Manacor.
Anticorrupción investiga si con ocasión de las obras de construcción del desdoblamiento de la carretera de Manacor, que tuvo un coste de unos 140 millones de euros y fue impulsado por el anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM con el apoyo del Partido Popular, pudieron producirse desvíos millonarios de fondos; pago de sobornos (cohechos) en metálico o mediante favores, como la realización de obras particulares; falsedades documentales; malversación de caudales y otras corruptelas.
La operación Peaje se desarrolló ayer de forma coordinada entre los juzgados de Manacor, Palma e Inca. Varias comisiones judiciales practicaron siete registros en los domicilios y sedes de empresas relacionadas con la carretera de Manacor.
Las pesquisas se centran, de momento, sobre la UTE adjudicataria del desdoblamiento, una ampliación de la antigua carretera que se hizo para canalizar el intenso tráfico entre las dos ciudades, acabar con puntos negros y no tener que construir un nuevo trazado.
La unión de empresas sospechosa se llama UTE Desdoblamiento C-715 (antiguo nombre de la vía). Tiene su sede social en la calle Ter, 12 de Palma, un inmueble que fue registrado por una de las comisiones judiciales.
Unión de empresas
Las adjudicatarias del concurso convocado por el Consell para el desdoblamiento fueron: Electro-Hidráulica; Obras y Pavimentos Man (Mansa); Aglomsa-Sacyr; Melchor Mascaró; e Itinere Infraestructura S.A. En las obras trabajaron otras muchas sociedades en calidad de subcontratistas o colaboradoras de las adjudicatarias.
El secreto de sumario impidió ayer conocer detalles sobre las pesquisas en marcha. Sí que se pudo saber que una de las líneas de investigación pasa por esclarecer si algunas de las numerosas sociedades intervinientes en la obra pública realizaron trabajos particulares para políticos, altos funcionarios o técnicos del Consell o terceras personas ajenas al desdoblamiento.
También se sospecha que se pudieron pagar sobornos en metálico o desviar partidas importantes a fines ajenos al proyecto. Anticorrupción y Policía buscaron ayer facturas en soporte papel y otros documentos en soporte digital para tratar de aclarar si se perpetraron los delitos investigados. Al igual que en otros casos de presunta corrupción con fondos públicos investigados por los fiscales Carrau y Pedro Horrach en el caso Peaje también se están manejando numerosas facturas presuntamente falsas.
Los investigadores sospechan que algunas facturas pagadas con fondos públicos a empresas participantes en las obras no correspondían a la contraprestación real de servicios o trabajos. Algunos detenidos confesaron anoche estas irregularidades e implicaron directamente a Orejudo.
