Javier Salinas está dispuesto a una solución amistosa que evite una posible condena de cárcel a los jóvenes pro-abortistas acusados de un delito contra la libertad religiosa y de culto por interrumpir a gritos contra la reforma de la Ley del Aborto una misa en la iglesia palmesana de Sant Miquel. El obispo señaló que "lo que pasó fue lamentable" y supone "un deterioro de la convivencia democrática". Salinas defendió la actuación de la Iglesia al denunciar los hechos ante la Justicia -"hemos reaccionado como cualquier otro ciudadano cuando ha visto un derecho conculcado"-, pero, añadió, "sin negar" la gravedad de lo ocurrido, "estamos abiertos a todo tipo de propuesta que pueda ayudar, lo que sea más justo y adecuado. Nosotros no juzgamos, es el juez", recalcó el prelado.