El Govern Bauzá abre la puerta a contratar laborales a dedo para ocupar puestos de funcionario, saltándose por el camino los bolsines de interinos que hoy establecen la prioridad en el acceso a las plazas que quedan vacantes o a las que es preciso cubrir de forma urgente. Un sólo artículo colado por el Ejecutivo en el articulado de la Ley de Presupuestos de 2014 ha puesto en guardia a los altos funcionarios de la comunidad que lo han detectado, que temen que la modificación legal, incluida sin negociación ni explicación alguna ni a los trabajadores ni a sus sindicatos, no sea más que un subterfugio para eludir los procesos reglados y objetivos de selección que establecen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley autonómica de Función Pública. Y todo en pleno año preelectoral y con el PP revuelto por los recortes que han afectado a algunos de sus militantes y han impedido colocar a otros en los tres primeros años de legislatura Bauzá.
El origen de la polémica es el artículo número 21 de la Ley de Presupuestos aún pendiente de aprobación, tradicionalmente utilizada por los gobiernos para meter sin hacer ruido modificaciones que poco tienen que ver con el reparto de las cuentas públicas. Bajo el epígrafe "Contratación de personal laboral con cargo a créditos de inversión", el Govern establece ya en el punto 1 del artículo que "excepcionalmente, las consellerias de la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y los organismos autónomos pueden formalizar durante el año 2014, con cargo a los créditos de inversión respectivos, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras y servicios". Añade que esto incluye también obras y servicios que administre el Govern de forma "directa", dejando claro así que no se refiere a las tradicionales adjudicaciones de inversión para su ejecución por una subcontrata.
¿Qué significa esto? Se entiende con un ejemplo: si mañana la consellería que sea quiere lanzar un proyecto para vender Mallorca en una feria turística y entre los gastos se incluye el trabajo de un economista, un publicista, un abogado y un administrativo, según la ley actual, el Govern está obligado a recurrir al bolsín de interinos y coger allí a los profesionales por el orden que ocupan en la lista, que se elabora con puntuaciones obtenidas de forma objetiva. Pues bien, con el artículo de marras, y según los especialistas consultados, el Govern podría ignorar ese bolsín y contratar el personal laboral (no funcionario) de su elección, es decir, en la práctica, a quien quiera. También cabe otra posibilidad, muy habitual en tiempos de Matas: que se quiera contratar a una persona cualquiera de fuera de la administración y el bolsín, y se cree un proyecto a su medida, algo que permitiría el artículo del Govern.
Un artículo contra la ley
Preguntados al respecto, en la Conselleria de Administraciones Públicas no lo explican. Solo se transmite una respuesta de la consellera, Nuria Riera: "Esto es lo que siempre se ha hecho". ¿Lo es? Pues el "excepcionalmente" con el que empieza el artículo en cuestión no apunta precisamente a ello y el hecho de que lo hayan colocado nada menos que en la Ley de Presupuestos de 2014 tampoco invita a la tranquilidad, aunque los especialistas del funcionariado contactados encuentran muchas otras razones para la desconfianza. La fundamental, que el artículo es "absolutamente innecesario" y "contraviene" tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la ley autonómica que regula el acceso a puestos de trabajo de la administración.
Se refieren concretamente a que no hace falta establecer una excepcionalidad para ocupar temporalmente plazas de trabajador público, porque eso ya lo prevé la legislación vigente, pero no con laborales como pretende el Govern, sino con funcionarios interinos, que es lo que dice claramente el Estatuto Básico del Empleado Público en los artículos que van del 8 al 11, refrendados en la posterior Ley de Función Pública de 2007, que lo incluye en los artículos del 13 al 18.
Ambos textos expresan, sin dejar resquicio a la duda, que son los funcionarios interinos (funcionarios que hicieron oposición pero se quedaron sin plaza, por lo que esperan a conseguirla temporalmente a través del bolsín de contrataciones que fija la ley) y no contratados laborales quienes deben encargarse de "la ejecución de programas de carácter temporal". También se regula que la selección se realizará por "procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". O traducido, no vale colar a quien quiera, como ocurrió en Balears entre la fundación de la comunidad en 1983 y las leyes modernas del siglo XXI con las que se trató de adaptar la legislación autonómica al mandato constitucional y poner coto a la contratación a dedo, tras una catarata de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears contra la selección arbitraria de trabajadores públicos. "Nos quieren devolver a los tiempos en los que no se elegía en oposición, sino un señor del Inem metía a quien quiera", dice una alta funcionaria, que vivió los años en los que militantes y afines al partido en el Gobierno (PP) entraban a la función pública como laborales para después quedarse en ella en procesos de consolidación de personal que acabaron desmoronándose en los tribunales.
Sus dudas son compartidas por sindicatos como UGT, CCOO y STE-i. Advertidos por funcionarios de alto rango de la inclusión del artículo, han analizado su contenido. Conclusión: "El artículo no se puede aprobar, porque contraviene dos leyes (Estatuto Básico y Ley autonómica de Función Pública) que no se pueden derogar desde un artículo en los presupuestos", opina Jordi Crehuet, el sindicalista de UGT que coordina la acción sindical en la administración autonómica. La lectura se repite en la mayoría de sindicatos, y se resume en una frase del propio Crehuet: "Al final esto lo que viene a decir es que contratan a los laborales que quieran, lo que sería lamentable porque supone saltarse la ley que ampara el uso de bolsa de interinos para cubrir estas plazas, con un agravante: los interinos no tendrán en adelante ninguna posibilidad de encontrar plaza, y en muchos casos se trata de personas que pierden ahora sus puestos por un concurso de traslados [hasta 600 funcionario interinos van a salir así en las próximas semanas de la administración]. Y es muy sencillo: si en realidad quieren contratar temporalmente personal para proyectos de inversión (capítulo 6 de los presupuestos) y no como personal (capítulo 1) pueden hacerlo porque la ley lo permite, solo que exige que sean funcionarios interinos, no contratados laborales".
"El PP quiere colocar a los suyos"
Y más sospechas genera aún la incorporación de laborales saltándose los bolsines si se hace sin más proceso de selección que la elección a dedo y arbitraria desde el PP, que es lo que temen los sindicatos: "En este Govern le han metido tal recorte a la función pública [el lunes informaba este diario de los 5.208 trabajadores públicos que se han ido a la calle en esta comunidad por los recortes del PP] que ahora carecen de la plantilla necesaria, y no cubren los huecos ni con el decreto de movilidad que se inventaron. Por eso creemos que están intentando colocar a gente de la suya sin un proceso reglado de entrada, y más después de que muchos de los suyos hayan caído durante los recortes en el sector público instrumental [las empresas públicas, de las que han salido 600 personas con contrato laboral]".
Por ello los sindicatos prometen emprender acciones contra la reforma incluida de puntillas en los presupuestos. Apuntan además al PSOE, partido que, dicen, ha trabajado este asunto con detalle para pararle los pies al PP en el Parlament. Lo confirman en el partido, en el que preparan enmiendas para tumbar el artículo 21 o modificarlo de modo que no conculque la ley, como creen que hace la actual formulación que recogen los presupuestos elaborados por el Govern Bauzá.
En la formación liderada por Francina Armengol hacen una interpretación de la modificación muy similar a la de los sindicatos y altos funcionarios, en el sentido de que es innecesaria y abre la puerta a la contratación sin las garantías de objetividad, mérito y capacidad que exigen la ley actual y la Constitución. Lamentan además que se utilice el capítulo 6, el destinado a la inversión en obras y servicios clave, que el PP ha reducido "drásticamente", para "contratar a quien quieran saltándose las bolsas de interinos". "Queremos pensar que se trata de un error", concluyen a su vez en UGT. Y quizá lo sea, aunque en ese caso se entiende poco que el Govern considere "normal" el artículo que ellos mismos inician con la palabra "excepcional".
