Un juzgado de Palma está investigando un nuevo caso de corrupción. En esta ocasión el delito se habría cometido, presuntamente, en el servicio de limpieza que se presta en el palacio de Marivent, residencia veraniega de la Familia Real. Este servicio se financia con fondos públicos de la comunidad autónoma, que se hace cargo del mantenimiento de esta residencia estival.
Aunque la querella criminal que se ha presentado, y que ha recaído por reparto en el juzgado de instrucción número 10 de Palma, la ha formulado el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, los hechos los denunció el propio Govern balear. El Ejecutivo que preside José Ramón Bauzá detectó hace ahora más de un año un posible fraude, que valoró provisionalmente en medio millón de euros, en el servicio de limpieza que se presta en la residencia de verano de los reyes. Parecía que se estaba pagando el trabajo de una serie de empleados de esta empresa privada, que no estaban realizando su labor en las instalaciones de Marivent. Es decir, se sospechaba que se pagaba con fondos públicos a una empresa, que estaba desviando una parte del dinero a financiar el sueldo de una serie de empleados que estaban trabajando en otros servicios que realizaba esta sociedad.
El Ejecutivo responsabilizaba de esta presunta malversación tanto a los directivos que dirigían esta empresa, como a los políticos que, en la época del Pacte, habían firmado este contrato de servicios. Dicha negociación se tramitó en el año 2007 a través de la vicepresidencia, bajo la dirección de Albert Moragues, cuya imputación no se descarta en estos momentos, así como tampoco de varios de los altos funcinarios de este departamento, cuyos nombres figuran en la denuncia.
Esta investigación preliminar la ha dirigido el teniente fiscal de Balears, Ladislao Roig, que solicitó a la Policía que comprobara los datos que estaba denunciando el Govern. La investigación ha sido complicada, ya que se han detectado graves deficiencias en el servicio que controla la entrada y salida de personas dentro del recinto de Cala Major. La Policía pidió un listado de nombres de personas que entraban a trabajar en estas instalaciones, pero parece que dicho control no se realizaba, lo que ha dificultado la labor de los investigadores.
A pesar de ello, la fiscalía, tras analizar otra serie de circunstancias que rodeaban esta denuncia, ha llegado a la conclusión de que existen motivos suficientes para que el caso se investigue en el juzgado, puesto que aparecen sólidos indicios de que se ha podido cometer un delito de malversación de fondos públicos, así como prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento público.
La letra pequeña del contrato
Los investigadores han estado analizando a fondo las condiciones del contrato que suscribieron los directivos de esta sociedad de limpieza, que es la filial de una importante empresa nacional de servicios, en el que se especifica el número de trabajadores que deben desarrollar este servicio y las horas que deben dedicar a este trabajo.
La Policía ha constatado que en la residencia de verano no trabajaron nunca el número de empleados que se especificaba en el contrato, pero a cambio la comunidad autónoma sí ha abonado la totalidad del dinero acordado a cambio de este servicio de limpieza.
No se descarta, según señalaron fuentes próximas al caso, que varios de los empleados fijos que trabajan en la residencia de Marivent conocieran este incumplimiento del contrato y no han hecho nada para evitarlo, ni tampoco han denunciado esta presunta malversación de dinero público. Se da por seguro que estos trabajadores contratados por la Casa Real serán llamados a declarar, con casi toda seguridad como imputados, para que aclaren estas sospechas que existen sobre su actuación.
El juzgado ha comunicado oficialmente esta semana al Ejecutivo balear que se ha presentado esta querella criminal y que se ha aceptado a trámite. La juez Carmen Abrines ofrecerá al Govern la posibilidad de que ejerza la acusación como posible perjudicado por la malversación. De momento no hay citaciones.
