Hay declaraciones de la Renta que cantan más que La Traviata. Otras, por el contrario, hablan menos que Harpo, el mudo de los hermanos Marx. He aquí algunos ejemplos que desafinan desde el primer hasta el último número. ¿Recuerda a Luis Roldán? El brillante director de la Guardia Civil de la época más decadente de Felipe González acumuló, entre orgía y orgía en un hotel del paseo Marítimo, un patrimonio de 500 millones de pesetas de los años noventa. Pese a ello, después de echar las cuentas, el ministerio que entonces comandaba su compañero Carlos Solchaga, le devolvía 21.000 euros de los poco más de 22.000 que le había retenido.

A Gerardo Díaz Ferrán, el pobre presidente de la CEOE al que le cuesta reunir diez millones de euros para salir de la cárcel, la Agencia Tributaria le tuvo que reintegrar 2.052,47 euros en 2010. Claro que había olvidado contabilizar los 100.000 euros mensuales que percibía gracias a un pacto secreto firmado con el empresario Ángel de Cabo.

Jaume Matas también hizo pública su declaración de la Renta cuando en 2007 aparecieron las primeras informaciones sobre la compra de su palacete. El año 2005 le había salido negativa, con una devolución de 866 euros. El político había comprado una casa señorial valorada en cinco millones de euros con una renta anual de 70.000. En el documento, colgado en la página web del PP balear, no había ni rastro de los ingresos en billetes de 500 euros que, según la Policía, utilizaba para comprar relojes, coches, televisores y hasta escobillas de retrete de alta gama.

Las declaraciones de la Renta presentadas por Luis Bárcenas no han incluido los pingües beneficios que acumulaba en su cuenta suiza y que Cristóbal Montoro ha amnistiado con el desembolso de una quinta parte de los impuestos que entrega un contribuyente honesto. Si la contabilidad B del Partido Popular fuera auténtica y Rajoy hubiera percibido sobresueldos en negro, su declaración tributaria no sería más válida que las liquidaciones que las formaciones políticas presentan al Tribunal de Cuentas.

Lo dicho. Los formularios de la Renta pueden ser claros como los de un asalariado sin más ingresos ni patrimonio, pero también oscuros y obtusos como los de los políticos citados. En cambio, las declaraciones de José Ramón Bauzá hechas públicas el viernes son transparentes como el agua de manantial. Demuestran que el president no necesita dedicarse a la política para vivir holgadamente, aunque el sobresueldo del Govern -en palabras de Matías Vallés- debe ayudarle a afrontar el pago de las cuotas de préstamos por valor de 1,2 millones de euros. Pero los mismos documentos también permiten constatar más hechos. Uno, que el president mintió al Parlament al presentar su declaración de intereses y en alguna de sus intervenciones en la tribuna de oradores. Dos, que Bauzá puede haber incurrido en incompatibilidad en aplicación de la ley.

Sobre este segundo aspecto, el político dejó una frase de perogrullo: unos dicen que sí y otros que no. Por tanto, es el tiempo de la Justicia. El Tribunal Superior ya tramita el caso. De hecho tiene más datos que la mera demanda presentada por la oposición. En sus manos están su propia jurisprudencia, dictada en el caso de la consellera socialista Aina Salom. ¿Tiene la misma influencia sobre las decisiones sanitarias del Govern el conseller del ramo que el president?, ¿al margen de la cuestión competencial, caben interpretaciones distintas de la ley de incompatibilidades? El tribunal también dispone de la documentación que el propio president puso amablemente a su disposición el viernes. La previsión es que dentro de un año tendremos sentencia. Conviene a todos que no haya demoras excesivas. A los ciudadanos para que sepan si tienen o no un president que vulnera la ley. A Bauzá para que, si se confirma la sospecha, pueda elegir entre el servicio público o la actividad privada. Si, por contra, el fallo le es favorable se desprenderá de una gran carga, se librará del acoso de la oposición y podrá dedicarse a trabajar al servicio de los ciudadanos.