El PSIB propone una ley contra los desahucios

La secretaria general del PSIB-PSOE y portavoz parlamentaria, Francina Armengol, y el diputado socialista Antoni Diéguez, han presentado en una rueda de prensa esta proposición no de ley, que deberá ser tramitada inicialmente en el Parlament en febrero y luego pasará al Congreso, adonde llegará por la vía de urgencia.

La iniciativa, que propone un "mecanismo innovador" según los socialistas, se denomina "ley de insolvencia singular" y plantea que cuando una persona ya no pueda pagar su hipoteca, pida al juez de primera instancia "el rescate de su crédito hipotecario", que pasaría a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB), conocido como "banco malo".

De esta forma, el SAREB se haría cargo directamente del activo tóxico evitando el procedimiento de ejecución hipotecaria.

Para Diéguez, esta iniciativa beneficiaría a todas las partes: a la persona afectada porque no perdería su vivienda, ya que su cuota hipotecaria sería renegociada directamente con las condiciones del banco malo; este seguiría cobrando incluso con intereses, y la entidad bancaria se quitaría de encima de forma directa el activo tóxico.

En opinión de Armengol, para que esta iniciativa parlamentaria se llegue a concretar es necesario "un gran pacto político y social ante la situación de emergencia social" que se vive en las islas y a nivel nacional ante el incremento de los desahucios, para lo que espera el apoyo del resto de grupo parlamentarios.

Esta propuesta "ataca" a dos problemas, al ciudadano que de repente se encuentra en una situación de marginación social cuando es desahuciado, y al de los bancos, que ve debilitados sus balances cuando un cliente deja de pagar la hipoteca, ha explicado Diéguez.

Además de a los particulares, esta iniciativa prevé también el rescate de los autónomos y sus negocios ante el juez de forma gratuita, ya que el procedimiento estaría exento de tasas judiciales.

Una vez solicitado el rescate ante la justicia, la ejecución hipotecaria quedaría paralizada; es decir, que en el momento en que se solicite la intervención del Estado, se suspende todo lo relacionado con la hipoteca y el devengo de intereses, ha explicado Diéguez.

"No es un procedimiento contra el banco sino contra el Estado. Le pido al Estado que me rescate y el juez decide", ha indicado.

"Se ha gastado mucho dinero público para rescatar a los bancos y creemos que ha llegado el momento de rescatar a las personas", ha insistido la líder socialista.

Diéguez ha detallado que una vez que se autorice el rescate del crédito hipotecario, el mismo pasaría a ser titularidad del "banco malo", que abonaría a la entidad bancaria que concedió la hipoteca lo mismo que paga por los activos tóxicos (54,2 %), con lo que el deudor pasaría a pagar prácticamente la mitad de su cuota habitual.

Además, quedarían anulados los avales personales, ya que el crédito pasaría directamente al SAREB.

En el caso de que esta persona no pudiera asumir la nueva cuota hipotecaria, puede solicitar un alquiler social (que deberá fijarse en un máximo del 30 % de los ingresos familiares) o un usufructo gratuito. El objetivo es que la persona afectada no pierda la posesión de su vivienda.

Otra de las ventajas de este proceso, según los socialistas, es que no tardaría más de un mes y medio frente al cerca de año y medio y el coste de una ejecución hipotecaria.

Para que sea una realidad, la ley requiere de "pequeñas reformas" en la ley del enjuiciamiento civil, con la adición de "cinco o seis artículos" y en la de constitución del SAREB, "de dos o tres artículos", ha detallado el diputado del PSOE.

La proposición no de ley se encuentra en fase de aportaciones de todas las partes implicadas e interesados que durará unos 15 días, mientras tanto el lunes será presentada ante el PSOE nacional que ha mostrado especial interés por la misma.