Las patronales de grandes superficies negociarán una rebaja del impuesto con el que el Govern espera recaudar en 2013 unos 8,5 millones de euros porque su aplicación les obligaría a despedir a unos 3.000 empleados y paralizaría proyectos de inversión por 171 millones de euros en el próximo bienio.
Así lo han asegurado sus representantes tras mantener una reunión en el Consolat de Mar con el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, quien se ha comprometido a atender sus argumentos en un proceso de negociación que para los empresarios representa "una pequeña esperanza".
En nombre de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Francisco García ha explicado que Bauzá ha sido más receptivo que el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, para comprender que el nuevo impuesto amenaza a un sector que da trabajo a unas 20.000 personas y adquiere mercancía a productores locales por 500 millones de euros anuales.
Sin embargo, el propio Aguiló ha asegurado tras la reunión que la rebaja del impuesto no se pondrá directamente sobre la mesa en la negociación que llevará a cabo con los empresarios en las próximas semanas.
El vicepresidente, que ha dicho no sentirse deslegitimado por el llamamiento de Bauzá a la negociación, ha señalado que, en contra de lo que plantean las empresas, el impuesto servirá para reactivar la economía porque facilitará el cumplimiento del objetivo de déficit por parte del Govern, lo que contribuirá a crear trabajo.
Según ha Aguiló el Govern se mantiene abierto a negociar sobre unos nuevos tributos que suponen para las empresas afectadas un sacrificio similar al que hace el resto de la sociedad para salir de la crisis y que, aunque van "contra el ideario del PP", contribuirán a levantar la economía.
Sin embargo, García, del grupo Carrefour, ha insistido en que el impuesto a los comercios con más de 700 metros cuadrados en Mallorca, 400 en Menorca e Ibiza y 200 en Formentera es "totalmente inasumible" para los supermercados y grandes superficies, que tendría que pagar unos 12 millones de euros anuales, según sus cálculos, mientras que instalaciones como cines y concesionarios de automóviles cargarían con otros 3 millones al año.
Las patronales entienden que la Vicepresidencia Económica ha hecho un cálculo a la baja de lo que realmente pagarán las empresas y han insistido en que abordarán la negociación partiendo "de cero" para intentar llegar a un acuerdo con el Govern por debajo de los 8,5 millones estimados inicialmente.
"Nunca nos hemos negado a ayudar a esta Comunidad", ha manifestado García, para quien es necesario que el ejecutivo rebaje sus pretensiones, porque si la negociación no fructifica tendrán que ser los tribunales los que resuelvan el conflicto.
También han comparecido ante los medios de comunicación después de la reunión el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, Josep Oliver, y el representante de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Josep Mallol.
Este último ha confiado en las posibilidades de que la pretensión de las patronales sea respaldada por los tribunales pese a que el impuesto a las grandes superficies en Cataluña tenga el aval de la justicia. En su opinión, ambos casos "no son equiparables".
Los representantes de las empresas y el Govern se reunirán previsiblemente esta semana y la negociación, según Aguiló, no podrá prolongarse más allá de "las primeras semanas de enero".
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