Ni siquiera la rebaja a la mitad del alquiler de la sede del Consell Consultiu ha facilitado que el Govern abonara las mensualidades, hasta el punto de que el propietario del inmueble se ha acogido por segunda vez a la petición de desahucio exprés del máximo órgano consultivo de la Comunidad a no ser que el Ejecutivo pague los más de 5.000 euros que le adeuda. De lo contrario, salvo que se llegue a un acuerdo, el próximo 26 de junio a las 10 de la mañana se producirá la salida forzosa del Consell Consultiu del piso que alberga su sede, según la fecha señalada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma.

El propietario del piso, situado en una finca de vecinos de la calle Rubén Darío, ya presentó una demanda de desahucio exprés a finales del pasado año, alegando que el Consell Consultiu no pagaba la mensualidad del alquiler desde noviembre de 2010, cuando el Govern estaba en manos del Pacto de Progreso. El dueño había intentado, tanto con el anterior Govern como con el actual del PP, lograr que abonarán las mensualidades pendientes, que ascendían a unos 18.000 euros.

En aquella ocasión, la demanda la tramitó el juzgado de primera instancia número 12 de Palma, que fijó para el pasado 19 de enero la salida forzosa del piso si la Comunidad Autónoma no abonaba la deuda. Entonces, a mediados de diciembre del pasado año, el Govern logró parar el desahucio in extremis, tras alcanzar un acuerdo con el propietario de la casa. La administración autonómica pagó lo que le debía (1.500 euros por mes) y el demandante renunció a su reclamación.

Mientras se alcanzaba este acuerdo, el presidente del Consell Consultiu, Rafael Perera, entabló negociaciones con el propietario con las que logró que éste rebajara la renta mensual del alquiler a partir de entonces a la mitad, es decir, 750 euros, lo que supone 9.000 euros anuales.

A pesar de esta considerable rebaja y de la experiencia de haberse visto demandada ya en los tribunales por morosidad, la Comunidad Autónoma no ha abonado desde entonces ninguna mensualidad, lo que supone entre enero y mayo de este año 3.750 euros. No sólo eso, sino que, según informó el propio Perera, tampoco ha pagado una mensualidad que quedó pendiente a raíz de la primera reclamación, por lo que hay que sumar otros 1.500 euros correspondientes al precio del alquiler antes de que se rebajara a la mitad.

Desahucio exprés

Al igual que el pasado año, el propietario ha optado por acogerse al desahucio exprés, una fórmula introducida en la reciente reforma de las leyes civiles que permite acelerar la fecha para la salida forzosa de inquilinos morosos. En el caso de que el demandado, es decir, el Govern, decida presentar oposición a la demanda, el juicio se celebrará el próximo día 29.

Si el Govern no se opone y no abona las mensualidades pendientes, el desahucio se hará efectivo el día 26, según consta en la cédula de requerimiento y citación del Juzgado, que fue recibida en el Consell Consultiu el miércoles de la pasada semana. En el mismo documento, se emplaza a la Comunidad Autónoma a desalojar el inmueble en un plazo de diez días desde que recibió el requerimiento, pagar lo que debe o presentar su oposición.

El Consell Consultiu ocupa las oficinas de la calle Rubén Darío desde hace varios años en régimen de alquiler. Se trata de un amplio piso en el que el alto organismo del Govern tiene sus principales dependencias.