¿Era tan urgente la reforma de la Constitución? Con esta pregunta se abrió ayer el debate en el Club de Diario de Mallorca. El procedimiento exprés elegido por el Gobierno y el PP para revisar la Carta Magna suscita casi tanta controversia como el ´parche´ en sí mismo, que fijará un techo del déficit público a partir de 2020 en el 0,40% (repartido entre un 0,26% para la Administración central y un 0,14% para las autonómicas).
El catedrático en Derecho Constitucional de la UIB Joan Oliver esgrimió hasta diez razones que desacreditan la ´jugada´ de los dos partidos mayoritarios. Quizá el argumento más potente se refiere a la "cesión de soberanía". Desde su óptica, "se ha consagrado la sumisión del poder político (democrático y sometido a control) al económico". Por tanto, los mercados se sitúan en un peldaño superior.
En opinión de Oliver, la reforma no era "ni urgente ni necesaria" por nueve motivos más: sorprendente (los socialistas se habían opuesto hasta entonces); sorpresiva (se eligió el verano para sustraer el debate parlamentario y social); innecesaria (se puede recurrir a la Ley de Estabilidad sin tocar la Carta Magna); precipitada (no establece cifras concretas a diferencia de Alemania); tramposa (dependerá de una Ley Orgánica posterior que se podrá retocar con relativa facilidad); técnicamente deficiente (al final, la última palabra la tendrá el Constitucional cuando se alegue emergencia extraordinaria para saltarse el artículo objeto de cambio, el 135); inútil (los mercados siguen atacando la economía nacional); huérfana de una consulta popular (es el único artículo de la Constitución que no ha sido aprobado por los españoles); y porque "escora la Constitución hacia la derecha y rompe el consenso constitucional de 1978".
Este último razonamiento fue compartido por la secretaria general de CCOO en Balears, Katiana Vicens. "Supone una involución en el espíritu de la Constitución. Se introduce un concepto neoliberal. [...] Es una declaración ideológica y política", aseveró. Vicens también coincidió en que constituye una rendición ante los poderes económicos. "La modificación se emplea para dar confianza a los especuladores, pero este razonamiento ya se utilizó con la reforma laboral y la de la Seguridad social, que no han valido para nada. Los especuladores siempre quieren más y más", apostilló. La secretaria general de CCOO teme que a la larga –debido a la menor capacidad de maniobra financiera de las administraciones–, "sirva para recortar servicios sociales y disminuir el autogobierno".
El decano del Colegio de Economistas de Balears, Onofre Martorell, fue el único que alzó la voz en favor de la variación acordada por el PP y el PSOE. Martorell no entró a valorar si una reforma constitucional era el camino adecuado, solo se centró en las consecuencias económicas de no hacerlo. "¿Cómo estaríamos si no se hubiera hecho todo esto? Si no controlas el déficit público sube la prima de riesgo y si esta crece, se elevan los intereses que paga el Estado y se queda sin dinero para construir escuelas, por ejemplo", profundizó. "Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nos costará dos o tres años digerir los excesos, pero eso no quiere decir que retornaremos a la situación anterior [de prosperidad]. [Ese tiempo] no volverá", concretó.
El sociólogo Antoni Tarabini aseguró que la gente no entiende en qué ha consistido la reforma. "Su prioridad es el empleo y el futuro de sus hijos y su educación", dijo Tarabini.
