Miquel Nadal confesó a la Policía, a la Fiscalía Anticorrupción y al juez que estaba dispuesto a gastar 2,4 millones de euros públicos en un festival de cine cuya celebración estaba tan en el aire que finalmente nunca se celebró. El expresident de Unió Mallorquina, segundo exconseller de Turismo del último Govern Antich e imputado por presunta corrupción en un total de cuatro casos distintos explicó el pasado 30 de junio a los investigadores de las irregularidades cometidas en Ibatur durante las legislaturas de Matas y Antich que la idea de poner en marcha en la isla un festival internacional de cine era una sugerencia directa de gente de las consellerias del PSOE.

¿Quién o quiénes del PSOE le impusieron el proyecto? Nadal no recuerda sus nombres. O eso le dijo al juez. Sí se acuerda en cambio el exconseller de Turismo de que el impulsor del proyecto, el cineasta residente en Mallorca David Carreras, se había comprometido a aportar patrocinadores privados que ayudasen a poner en marcha un evento que pretendía destacar a la isla en el mapa del glamour cinematográfico mundial.

El Mallorca International Film Festival (Maiff) iba a costar siete millones de euros, de los que 2,1 millones tenían que salir de las arcas públicas. Y Nadal dio luz verde a una operación que defendió con vehemencia ante la pPolicía: aunque no se celebrase, la isla sería mentada en medios de comunicación internacional, hecho que según el exconseller justificaba el desembolsó de 600.000 euros en el año 2009, que serían seguidos de dos pagos de 900.000 euros en los años 2010 y 2011.

En total, 2,4 millones, a los que se sumarian otros casi cinco millones aportados por unos inversores privados que ni sabían que iban a pagar parte de la inversión. Lo comprobaron los agentes de la unidad de delincuencia económica de la Policía Nacional: contactaron con las empresas presentadas oficialmente como patrocinadoras del evento y se toparon con que sus gestores y propietarios aseguraron no haber comprometido el pago de un solo euro. Algunas de esas firmas habían tenido un breve contacto con el cineasta Carreras, aunque finalmente rechazaron el proyecto por su elevado coste en plena crisis. Otras directamente no sabían nada ni de Carreras, ni de Nadal ni del Mallorca International Film Festival.

Meaney y Grazia Cuccinota

¿Comprobó el exconseller Nadal que los inversores existían? Pues no. Y así se lo dijo al juez, al que insistió en el mismo argumento dado a la policía: daban igual el patrocinio privado y el futuro del festival no nato, porque lo importante era la promoción que se hiciera mientras tanto. Como argumento de peso apela Nadal a dos eventos de los que sí tuvo noticias la ciudadanía que iba a pagar los 2,4 millones de euros públicos del festival nunca realizado: un acto en la feria turística de Londres al que acudieron el actor irlandés Colm Meaney y la exuberante Grazia Cuccinota (actriz italiana y chica Bond), y una puesta de largo en diciembre en el hotel Valparaíso que salió por más de 6.700 euros, según figura en las facturas a las que accedieron los investigadores.

Aunque las irregularidades no están en las facturas del hotel, sino en las presentadas por el propio cineasta y su empresa. También esto lo ponen de manifiesto los agentes especializados en delincuencia económica, a los que bastó mirar la fecha de generación de los archivos informáticos de las facturas para comprobar que habían sido falsificadas. Y no eran una ni dos: la Policía encontró 28 detalles de gasto de hasta 160.654 euros cuya fecha estaba falsificada y cuya justificación era tan pobre que "clamaba al cielo". "Las facturas eran abultadas y no se correspondían con la realidad". Así lo confesó el exdirector general de Promoción Turística Joan Sastre, de UM, poco partidario de un proyecto que atribuye a alguien que le definió ante el juez como "enemigo": Nadal.

En total las facturas irregulares salieron por 1,44 millones, que giraban desde la firma del cineasta, Temaset Turisme, a otras dos sociedades CBL y Sicomoro. ¿Adivinan de quién eran estas dos empresas? Pues del propio cineasta. Tal era el tufillo que desprendía el festival que los dos consellers que sucedieron a Nadal en Turismo (uno de UM, Miquel Ferrer, y otra del PSIB, Joana Barceló) rechazaron seguir adelante con un proyecto cuyas facturas no acreditaban siquiera la realización de los servicios contratados, según advirtieron incluso los servicios jurídicos de la empresa pública Ibatur.

¿Sabía algo de estas irregularidades Nadal? Pues tampoco. Como Jaume Matas, el expresidente de UM se desentiende de la ejecución irregular de las órdenes "políticas" que él daba, llegadas, según su versión, de gente del PSOE y canalizadas, según los funcionarios que las ejecutaron, por miembros del gabinete de Nadal y por la entonces directora gerente de Ibatur, también de UM.

Vistiendo contratos

La estrategia de defensa de Nadal se repite con el resto de contratos irregulares que hace que esté imputado por tres delitos de malversación. Sirve de ejemplo la adjudicación de un contrato de 69.600 euros otorgado a dedo a un diario digital, Ciutat, propiedad del empresario Jacinto Farrús. El dinero se entregó a la empresa a cambio de publicidad en la web, aunque como excedía los límites legales de una adjudicación directa hubo que "vestir" un expediente que se fabricó meses después de que entrase en vigor. Lo documentan la Fiscalía y la Policía, que afirman que para ello falsificaron el expediente con una fecha anterior a la de su firma real y consiguieron dos empresas que hicieron las veces de concurrencia en un concurso que ya estaba adjudicado y en ejecución. ¿Adivinan de quién eran esas empresas? Pues sí, del propio Jacinto Farrús, cuyo equipo se encargó de aportar las empresas de relleno, según la Fiscalía.

¿Lo sabía Nadal? Agua: tampoco. O eso es, nuevamente, lo que dijo al juez y a la Policía, que él solo tomó la "decisión política" de subvencionar al citado diario digital, pero que nada sabía de la posterior falsificación de expedientes. Y menos aún sabía de que lo cobrado por Ciutat no se ajustan a las tarifas de la empresas: según la Policía, los precios de la web hacen que solo fuera posible que se gastasen un máximo de 21.600 de los 69.600 euros recibidos, por lo que habría una "malversación" de 48.000 euros públicos entregados a la empresa de Farrús.

La jugada se repite con la adjudicación a dedo de un contrato para un stand turístico al arquitecto Vicente Mulet. Según los investigadores, el propio Mulet se encargó de vestir el contrato con las candidaturas concurrentes de dos arquitectos amigos. Así se embolsó 69.600, aunque la mejor tajada vino después, con la ejecución del stand: cayó en manos de la empresa Global Stand, que se hizo con un contrato de 1,3 millones, de los que tuvo que entregar en concepto de honorarios 280.000 euros al arquitecto Mulet, supuestamente amigo del director general Sastre y, como no, desconocido por Nadal.