"Queda patente que la evolución de la deuda en el ámbito de la sanidad pública ha alcanzado unos niveles que comprometen su sostenibilidad y que requieren de una solución de urgencia". Esta advertencia está incluida en el dictamen sobre la situación sanitaria en Balears que el Consell Econòmic i Social (CES) aprobó el pasado miércoles, y que además ha generado notables discrepancias entre la patronal CAEB y el resto de agentes sociales.

En las observaciones particulares ante dicho dictamen presentadas por la citada organización empresarial se afirma que los problemas de financiación "nos abocan a la fallida del sistema", por lo que se reclama la adopción de "medidas valientes e inmediatas", sin descartar a priori ninguna opción. Pero la patronal PIMEM, los sindicatos UGT y CCOO, los Consells Insulars, el GOB y la Universitat, entre otros, también representados en el CES, han optado por respaldar unas observaciones alternativas en las que se rechaza tajantemente la posibilidad de aplicar la fórmula del copago sanitario para solventar este déficit.

El dictamen del CES, sustentado en un estudio elaborado por el equipo del profesor Guillem López Casasnovas, subraya que la financiación de la sanidad isleña que se pactó con el traspaso de competencias no cubre las necesidades de su población, lo que obliga a la Comunitat Autònoma a cubrir un 20% de ese gasto.

Pero además, se advierte que entre 2003 y 2010 los presupuestos autonómicos han aumentado un 89% mientras que las partidas para sanidad solo lo han hecho un 75%.

El resultado ha sido que el "aumento de la deuda del Ib-Salut es exponencial en los últimos años y esta situación se prevé que difícilmente mejorará de forma sustancial con la aplicación del nuevo modelo de financiación, cosa que pone en una situación muy delicada el sistema sanitario público balear". Y en el dictamen se apunta a los primeros afectados: la falta de liquidez del sistema "es soportada por los proveedores, que ven diferido en el tiempo el cobro de sus servicios".

En este documento hay otra advertencia, respecto a que el gasto que genera la salud de los isleños va a seguir incrementándose durante los próximos años. En concreto, se destaca que entre 2010 y 2019 ese aumento puede llegar a ser del 66,4%.

El trabajo del profesor López Casasnovas plantea algunas medidas para mejorar la financiación, relacionadas en la mayoría de los casos con fórmulas de copago.

Y este punto ha generado evidentes discrepancias en el seno del CES. Como se ha indicado, desde la CAEB se mantiene que la gravedad que ha alcanzado esta situación hace necesaria la adopción de medidas "valientes", al tiempo que se reclama una mayor colaboración entre el sector público y el privado en esta materia.

Pero ha sido finalmente el texto presentado por UGT y CCOO el que se ha aprobado, con apoyo de la patronal de las pymes entre otros. En este documento se rechaza la fórmula del copago, al considerar que "atenta contra la equidad del sistema y repercute negativamente en los segmentos más necesitados y mas desprotegidos de la población".

Aunque se reconoce la mala financiación de la sanidad isleña, se proponen medidas de ahorro, como un uso más racional de los medicamentos o la mejora de los sistemas de compra, al igual que la necesidad de poner freno al hecho de que la mayor parte de las enfermedades laborales se deriven al sistema público de salud.

También se pone de relieve el beneficio que obtiene la red de aseguradoras privadas a causa de la saturación de la red pública.