José Castro, el juez del caso Palma Arena, atribuye en un auto al menos diez delitos diferentes al expresident del Govern del PP Jaume Matas, por sus relaciones con la consultoría madrileña Estudios Jurídicos y Procesales (EJP), un bufete vinculado al exvocal del Consejo General del Podero Judicial Enrique Arnaldo Alcubilla. El magistrado declara en ese auto prescritos los delitos de tráfico de influencias y fraude a la Administración en relación a dos de los responsables de EJP por un contrato supuestamente amañado, y firmado en febrero del 2004, pero no extiende tal exculpación a Jaume Matas.
La pieza separada número 5 del caso Palma Arena versa sobre las relaciones de Matas con EJP que apenas dos meses después de que el expresident del Govern abandonara la política, en julio del 2007, le contrató como asesor externo en materia de negocios turísticos y otras inversiones internacionales.
Los hechos que se investigan son cuatro: un contrato que EJP recibió del Govern del PP en febrero de 2004 para elaborar un estudio jurídico sobre la futura televisión autonómica IB3; la "iguala" que IB3 mantuvo, entre mayo del 2004 y abril del 2008, y por la que pagó 2.000 euros al mes a EJP por una asesoría legal externa; un contrato firmado entre la consultora y el Govern en abril del 2007 para redactar un estudio sobre los límites de la propaganda institucional en campaña electoral; y los casi 60.000 euros que el bufete madrileño abonó, entre octubre de 2007 y 2009, a Matas por sus mediaciones externas en negocios internacionales.
Tanto la fiscalía anticorrupción, como el magistrado José Castro mantienen que no es el momento procesal de calificar la pieza separada, pero apuntan a la posibilidad de que Matas haya cometido al menos diez delitos.
El también exministro de Medio Ambiente, defendido por Antonio Alberca Pérez, aparece implicado en tres delitos de prevaricación y otros tantos de fraude a la Administración y tráfico de influencias. Estos 9 delitos nacerían de las presuntas irregularidades a la hora de fichar al bufete de Arnaldo y, más en concreto, del presunto amaño de los concursos y la adjudicación a dedo de los trabajos; de la nula utilidad pública de los dos dictámenes elaborados por Estudios Jurídicos; y de la contratación de un despacho externo, cuando las asesorías podían ser prestadas fácilmente por los servicios jurídicos del Govern.
El dinero pagado a Matas por EJP podría ser constitutivo, por último, de un supuesto cohecho.
El bufete madrileño ha aportado al juzgado abundante documentación sobre los servicios prestados para él por el exministro de Medio Ambiente con Aznar. La fiscalía anticorrupción, a la luz de estas pruebas, asegura que podría descartarse que los 60.000 euros hubiesen sido un blanqueo de dinero negro de Matas, pero apunta que pudieran ocultar un cohecho, el décimo delito. También sostiene que un jurista como Arnaldo no puede alegar ignorancia sobre las contrataciones públicas.
El juez mantiene que el trabajo sobre los límites de las campañas electorales no tendría que haber sido encargado por el president Matas, que por su cargo tenía que tener esa materia muy clara. Tampoco ve utilidad al dictamen que Matas pidió verbalmente a Arnaldo en abril del 2007, en plena precampaña de las y autonómicas. El auto insinúa que el estudio, que costó 12.000 euros al Govern, sólo servía para Matas como candidato y que tenía que haber sido pagado por el PP.
