La actual junta directiva de Unió Mallorquina, encabezada por Josep Melià, conocía las irregularidades que estaban cometiendo sus compañeros de Palma. Así lo sostiene la fiscalía Anticorrupción que considera que el que más se ha beneficiado por esta red de captación de votos ha sido, precisamente, Unió Mallorquina. El partido utilizó, presuntamente, dinero público para financiar la búsqueda de nuevos afiliados y futuros votantes.

Tanto Josep Melià, el presidente del partido, y Joan Monjo, secretario general, se desmarcaron el pasado viernes por la noche del rosario de irregularidades que había justificado la detención, entre otros, de Cristina Cerdó, la exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma. Ambos políticos sostuvieron que se trataban de hechos que se sitúan en épocas anteriores, en las que el partido lo dirigían otras personas. Sin embargo, la fiscalía considera que el actual comité de dirección del partido no puede mantenerse al margen de los hechos, ya que muchas de las irregularidades delictivas que se están investigando se cometieron hasta el año 2010, cuando Melià ya presidía Unió Mallorquina. Aunque no se considera que Melià hubiera ordenado personalmente la contratación en empresas públicas de este grupo de afiliados, el fiscal sostiene que el partido debe responder de los perjuicios económicos que se han producido en las arcas públicas. Anticorrupción argumenta que si precisamente alguien se benefició de la campaña de búsqueda de nuevos afiliados y futuros votantes, fue Unió Mallorquina, ya que con esta red se pretendía conseguir una mayor representación en las instituciones públicas tras las próximas elecciones. Este argumento justifica que el lunes se solicitara una fianza civil de 1,6 millones de euros al partido, petición que fue notificada personalmente por la noche a Melià y Monjo, que fueron citados en el juzgado de guardia tras anunciar la disolución de Unió Mallorquina. Antes de que se les notificara la petición del fiscal, frente a la puerta del despacho del juez coincidieron Josep Melià y Cristina Cerdó. No solo no se saludaron los antiguos compañeros de partido, sino que Melià evitó cruzarse la mirada con Cerdó. La exteniente de alcalde tampoco saludó al presidente de su antiguo partido ni tampoco se interesó por conocer el motivo por el que se encontraba en el juzgado de guardia.

Melià y Monjo entraron en el despacho del juez minutos después de que la fiscalía solicitara prisión, eludible con una fianza de 300.000 euros, para Cristina Cerdó, a la que se considera una de las más altas responsables de todo el entramado ilegal para la captación de votos, financiado con fondos económicos del Ayuntamiento de Palma.

Escrito del fiscal

Los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán elaboraron de noche un escrito en el que mencionaban la serie de delitos que habrían cometido los antiguos dirigentes políticos de Unió Mallorquina en el Consistorio de Palma.

Anticorrupción está investigando la contratación de militantes de Unió Mallorquina en las oficinas municipales de Palma, cuyas áreas de gestión las controlaba el partido. Estos militantes fueron contratados en la concejalía de Medio Ambiente a través del IMFOF, para que trabajaran como agentes medioambientales. Su función era la de informar puerta a puerta de los beneficios de la política a favor del medio ambiente, pero en realidad los agentes se dedicaban a buscar nuevos militantes del partido. Según la investigación que ha realizado la Policía, confirmada con posteriores testimonios, estos agentes recibían órdenes del partido y no de los responsables de la concejalía de Medio Ambiente, departamento para el que teóricamente estaban trabajando. La Policía intenta calcular cuántos nuevos militantes consiguió reunir el partido.