Los informes tenían que salir como fuera. Con esa contundencia se lo dijo el conseller de Educación de Jaume Matas, Francesc Fiol, a los arquitectos y responsables técnicos del Govern que debían avalar la contratación de Santiago Calatrava. Se trataba de elegir a Calatrava y solo a Calatrava. Para ello el ex president y su conseller pagaron 11.600 euros públicos a una asesoría privada, a la que se encargó que elaborasen un informe jurídico en el que se respaldase la elección sin concurso público del reputado arquitecto.
Según se detalla en los 27 folios del escrito de petición de fianza redactado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del Govern por una de las piezas en las que se ha dividido el sumario del caso Palma Arena, Matas se había reunido con el famoso arquitecto ya en 2006, pero el proyecto pagado con dinero público que el expresident pretendía convertir en el golpe de efecto que le llevase a la reelección no tomó forma hasta principios de 2007. Fue entonces cuando, según los fiscales, el expresident "decide de forma unilateral que durante la siguiente campaña electoral va a presentar un gran proyecto (...) con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato".
Tomada la decisión y designado a dedo su prestigioso ejecutor, Matas negocia los pormenores con Calatrava: le pagará 1,2 millones de euros públicos por presentarle un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a albergar una ópera junto al Moll Vell de Palma. Con la adjudicación a dedo ideada, solo falta ejecutarla. Matas encarga de ello al exconseller y actual diputado autonómico del PP Francesc Fiol. La misión es compleja: se trata, según la Fiscalía, de "otorgar apariencia de legalidad a la decisión [de Matas], revistiéndola de las formalidades jurídicas necesarias". Y hay que hilar fino: según la Fiscalía, Matas pretendía además "ocultar su participación en la decisión y consecución del proyecto". ¿Cómo hacerlo? Siempre según el relato de los fiscales, Fiol y Matas ponen los ojos en el Ibisec, una empresa pública fundada para la construcción de colegios. ¿Por qué? "Al tratarse de una empresa pública los controles de legalidad no son exhaustivos", opinan los fiscales en su escrito.
Vistiendo el contrato
Pero aunque no haya controles exhaustivos, sigue habiendo leyes que cumplir. Se lo advierten al propio Fiol el entonces director general de Presupuestos de la Conselleria de Economía y los abogados del Govern. Así que el exconseller y aún diputado del PP busca avales a la adjudicación a dedo de Matas fuera del Govern y de los funcionarios contratados para evaluar este tipo de cuestiones, como recalca la propia Fiscalía Anticorrupción: "¿Para qué si no se contratan numerosos profesionales para integrar las asesorías jurídicas de los organismos públicos?", reflexionan los fiscales, que exponen la razón del comportamiento de Matas y Fiol:"Se pretendía contar con el respaldo de una consultora externa de prestigio para la apariencia de legalidad con la que se pretendía cubrir la contratación de Santiago Calatrava".
¿Y a quién se contrata? Pues a Landwel-Pricewaterhousecoopers, firma también conocida por haber puesto en nómina a Matas cuando perdió el poder en las urnas. Pero, pese a pagar 11.600 euros por ello, el aval pretendido para la adjudicación a dedo no es total: la consultora explica que al Govern que, para que la adjudicación tenga lo que lo fiscales llaman "apariencia de legalidad" , "el contrato deberá perfilar las características empresariales, personales, materiales y operativas del contrato a licitar, justificando su concurrencia exclusivamente en el adjudicatario".
Dicho y hecho: Fiol persevera en el encargo de Matas y "ante las evidentes carencias del expediente de contratación dada la falta de justificación de la adjudicación directa pretendida" (dicen los fiscales), reclama al jefe de Arquitectura de Vicepresidencia, que "textualmente manifieste que en su opinión el arquitecto Calatrava es el único que puede ejecutar el objeto del contrato". Pero el arquitecto se niega, salvo que antes firmen los arquitectos del Ibisec.
A ellos acuden Fiol y su hombre en el Ibisec, Andreu Obrador. Este es el que les pide a cuatro arquitectos que firmen lo que exige Fiol, pero les tranquiliza: si no lo hacen "no tomará represalias". Menos tibio se muestra Fiol, que cuando se incorpora a la reunión "exige a los presentes que los informes de los arquitectos tienen que salir como sea". La presión funciona. Los arquitectos firman un escrito que dice textualmente:"Calatrava es el que presenta el perfil más idóneo a las características del encargo". Fiol ya lo tiene: el Ibisec ordena la contratación de Calatrava, articulada, según la fiscalía, "con desprecio total de las normas administrativas y legales de actuación pública". ¿Lo sabían Fiol y Matas? Según la fiscalía, sí. De hecho, pese al visto bueno de los arquitectos, la abogada del propio Ibisec advierten de que no cuela, como constata Anticorrupción: "No avala la adjudicación directa que se pretende". Pese a ello, días después, Matas adjudica a Calatrava sin concurso sus 1,2 millones de euros.
