La Policía, bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, realizó durante la jornada de ayer hasta cinco registros en busca de documentos que aclaren esta presunta trama corrupta relacionada con la gestión de la recogida de residuos de Mallorca.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía portaban en la mano el auto judicial que autorizaba el registro de las distintas empresas que gestionan esta recogida selectiva, así como la sede principal de la conselleria de Medio Ambiente del Consell Insular, donde fue arrestado el funcionario de este departamento, a quien los investigadores señalan como uno de los principales "cerebros" de esta presunta trama corrupta.

La fiscalía Anticorrupción había dado órdenes a la Policía que registrara, además del Consell Insular, las oficinas principales de las UTE que gestionan la recogida selectiva de residuos sólidos de Mallorca e intervinieran toda la información contable, tanto en papel como en soporte informático. Así, se registraron las oficinas de las empresas Melchor Mascaró (En Palma y Manacor), FCC-Lumsa, así como una empresa de Porto Cristo que también colabora en el control de la gestión de las basuras. Además de los policías, divididos en varios grupos, en los registros estuvieron presentes los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, que fueron solicitando a los responsables de las empresas los documentos concretos que debían entregar y que serán analizados en profundidad en los próximos días por los investigadores.

En el registro en el departamento de Medio Ambiente del Consell estuvo presente en todo momento el funcionario detenido, el ingeniero Gabriel Perelló, así como su abogado Bartomeu Oliver, que por la noche lo asistió en su declaración policial. También estuvo presente el director insular de residuos, que no quiso hacer comentarios sobre la operación judicial al encontrarse bajo secreto de sumario. La Policía entró en la sede del organismo público alrededor de las nueve de la mañana y se marchó unas cuatro horas más tarde. Los policías volcaron toda la información guardada en los archivos informáticos. Uno de ellos era el ordenador personal del ingeniero detenido. En la memoria guardaba todos los informes técnicos que emitía para justificar el número de contenedores de recogida selectiva de residuos que se repartían por todos los pueblos de Mallorca, salvo Calvià. También se llevaron los policías varias cajas con documentos en papel.

Fuentes próximas a la investigación señalaron ayer que el funcionario detenido estaba al corriente de la investigación interna que se estaba realizando desde el departamento de Medio Ambiente del Consell Insular. Parece ser que los técnicos del departamento que dirige Magdalena Tugores ya le habían requerido varias veces para que justificara facturas que habían sido pagadas por el Consell Insular, pero sus explicaciones no convencieron a nadie. La ausencia de datos objetivos que justificaran el pago de determinadas facturas por la recogida de estos residuos en la Part Forana justificó que los servicios jurídicos del propio Consell Insular remitieran toda la documentación a la fiscalía para que la estudiara.

La Policía también registró las dos oficinas de la empresa Melchor Mascaro, la matriz de unas de las UTE, situada en Manacor y Palma. La responsable de la empresa fue arrestada en la oficina del Polígono de Son Castelló, cuyo registro se prolongó hasta bien entrada la tarde.

En la querella que la fiscalía presentó en el juzgado solo incluye el nombre del funcionario y de varios empresarios que participan en esta gestión pública, pero no aparece el nombre de ningún político. Sin embargo, no se descarta que los nombres de estas personas puedan incluirse en un futuro si en el estudio de la documentación, intervenida ayer en los distintos registros, se pueda demostrar que no solo conocían estas presuntas prácticas corruptas, sino que también las autorizaban.