Balears destina poco a Dependencia en comparación con otras comunidades. Y destina poco a Servicios Sociales, en general. La responsable autonómica de este área achaca este hecho, en parte, a una falta de inercia, de falta de tradición de inversión en este ámbito.Y como muestra de ello, basta atenerse a la herencia que dejó el Partido Popular al equipo de la consellera Fina Santiago cuando les tomó el relevo en materia de Dependencia: 4.800 solicitudes apiladas y tres trabajadores contratados.

La Ley de Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal se aprobó en noviembre de 2006 y entró en vigor el 1 de enero de 2007. En Madrid gobernaban los socialistas, que habían hecho de esta ley una de sus principales banderas electorales, creando un inmenso globo de expectativas entre los ciudadanos. En Balears, gobernaban ´los otros´, los populares.

El PP de Jaume Matas tenía que encargarse de crear la estructura para recibir las solicitudes, hacer las valoraciones, gestionar los recursos... Pero cuando hubo las elecciones y la nueva reedición del Pacte de Progrés volvió a ocupar los despachos, el equipo de Fina Santiago se encontró que el aparato encargado de sacar adelante la Dependencia se reducía a 4.800 solicitudes olvidadas en un cajón y tres trabajadores contratados.

Cierto es que también encontraron varias residencias construidas. La consellera aplaudió que el Partido Popular las pusiera en pie, pero criticó las formas (algunas se inauguraron por todo lo alto y no se volvieron a abrir hasta muchos meses más tarde, como es el caso de Sant Miquel; otras empezaron a funcionar robando la electricidad de un poste de la calle porque aún ni siquiera tenían suministro, como sucedió en Inca unos cuantos meses).

Santiago también ha criticado varias veces el sistema de gestión privada que eligió el PP. Este sistema después le ha dado problemas a la conselleria en alguna otra ocasión, hasta el punto que incluso han tenido que asumir la gestión y retirar la concesión a la empresa Clece y Lireba que se encargaba de los centros de Oms y Sant Miquel, tras recibir varias quejas de los usuarios de la residencia.

La actual responsable de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración lamenta además que mientras otras comunidades autónomas (como Andalucía, socialista) comenzaron a prepararse para asumir la ley incluso antes de que se aprobara, ellos empezaron con cuatro meses de retraso desde que ya había entrado en vigor. Además, el trabajo del equipo popular (almacenar solicitudes) ha tenido en muchos casos que rehacerse pues no se siguió un protocolo y faltaba documentación en muchos casos.

Por ello, el impulso inicial que necesitó esta ley en nuestra comunidad fue mayor que en otras y todo tardó más en arrancar. Ahora la Dependencia no sólo se lleva la mayor parte del presupuesto de la conselleria de Asuntos Sociales (el 65%) sino que, según aseguran, también consume la mayoría de esfuerzos de su personal.

Fina Santiago critica que durante el gobierno de los partidos conservadores "ni se invertía en Asuntos Sociales ni la ciudadanía pedía que se invirtiera", pero cree que de seguir el ritmo actual durante dos o tres legislaturas más, Balears llegará a la media estatal y podrá comparar sin rubor los servicios sociales que ofrece con los de las otras comunidades autónomas.