El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha asumido la instrucción del denominado "caso Scala" al encontrar indicios de delitos que salpican directamente al ex conseller de Industria del Govern y hoy diputado autonómico del Partido Popular, Josep Joan Cardona.
La Sala, con esta decisión, se suma al escrito de inhibición que dictó la jueza Piedad Marín, del juzgado de instrucción número 4, que encontró claros indicios de delitos contra el ex conseller del Govern Matas por su gestión política al frente del Consorci per el Desenvolupament Económic de les Illes Balears, dirigido por Antònia Ordinas.
La aceptación de esta causa se debe a que Cardona sigue siendo diputado autonómico y, por tanto, disfruta de la condición de aforado. De hecho, la última vez que la jueza le citó a declarar no quiso contestar a sus preguntas y anunció que lo haría ante el magistrado del TSJB.
La jueza que investigó el caso estableció en su auto de inhibición sus sospechas de que Cardona habría colaborado en el desvió de dinero público, en forma de comisiones, a bolsillos privados y estableció la posibilidad de que se utilizara este empresa pública como instrumento de financiación electoral del Partido Popular.
El Tribunal Superior ha establecido que sea el magistrado Antoni Capó el nuevo instructor del caso. Inicialmente se había designado a la recién elegida jueza del TSJB, Felisa Vidal, quien por iniciativa propia pidió apartarse del caso por su relación con esta empresa pública del Govern Matas. El tribunal ha designado también al juez Javier Muñoz como ponente de la causa y, por tanto, será este magistrado quien redacte la sentencia si el caso finalmente se juzga ante el TSJB. Si Cardona perdiera la condición de aforado, el asunto pasaría de nuevo a un tribunal ordinario.
Cardona, representado por el abogado Josep Zaforteza, ha negado que hubiera conocido en algún momento que sus subordinados, en concreto Antònia Ordinas, hubiera establecido una red de captación de comisiones a cambio de contrataciones para la administración autonómica.
Durante la anterior etapa del Govern, el CDEIB manejó entre 20 y 25 millones de euros que teóricamente debía dedicar a la promoción de productos baleares en el extranjero a través de la organización de ferias en distintos países. Una parte de este dinero se lo embolsó directamente Ordinas, que exigía comisiones a los empresarios a cambio de una contratación. También está implicado en el caso el ex director general, Kurt Viane.
