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Caso Can Domenge

Munar: ´Tomar decisiones políticas implica poder tener problemas´

La presidenta del Parlament asegura que "ha valido la pena trabajar por Mallorca ya que me he sentido compensada con el respaldo de los míos"

 17:39  

EUROPA PRESS. PALMA. La presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, subrayó hoy tras prestar declaración ante el juez como imputada del caso Can Domenge, que el hecho de tomar decisiones y tener responsabilidades en política "implica en algún momento tener algún problema", lo que conlleva que cualquier ciudadano pueda interponer una querella en contra de estas resoluciones, tal y como sucedió en este procedimiento, iniciado después de que Núñez y Navarro acudiese a tribunales para denunciar las presuntas irregularidades cometidas durante el concurso para la adjudicación de los terrenos palmesanos.

Tras emplazar a los numerosos medios de comunicación que durante toda la mañana aguardaron su salida a las puertas del Tribunal Superior de Justicia, a que acudiese a la sede del Parlament para hacerles declaraciones en el vestíbulo de la cámara, Munar incidió en el sentido de que los políticos "tienen la pena del Telediario" a raíz de las decisiones que adoptan, al tiempo que aseguró sentirse respaldada "por toda la gente de UM", partido de la que es presidenta de Honor.

En su discurso ante los periodistas, la ex presidenta del Consell de Mallorca, que abandonó en torno a las 13.00 horas las dependencias del TSJIB, donde prestó declaración por espacio de más de dos horas, Munar agradeció el apoyo de la actual y anterior ejecutiva de UM. Tal y como aseveró al respecto, "ha valido la pena trabajar por Mallorca ya que me he sentido compensada con el respaldo de los míos", espetó.

De hecho, a su entrada en la sede de la máxima instancia judicial de las islas, varios miembros de la formación regionalista, entre ellos el presidente Miquel Àngel Flaquer, el conseller de Turismo del Govern, Miquel Nadal, el conseller insular de Obras Públicas, Antoni Pasqual, el ex secretario general de UM, Damià Nicolau, ofrecieron su apoyo a la 'uemita', que mientras tanto permaneció impasible y lanzando besos pese a los abucheos y los improperios de los ciudadanos congregados en la calle.

Ya en el Parlament tras su declaración ante la Sala de lo Penal y Civil del TSJIB, la presidenta eludió hacer más declaraciones y sin atender a las numerosas preguntas lanzadas por los medios, abandonó la sala para introducirse de inmediato en su despacho.

En su declaración ante el juez Francisco Javier Muñoz, estuvieron presentes tanto los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, su letrado, Gabriel Garcías, y varios de los abogados personados en la causa, que investiga la venta del solar de Can Domenge por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.

Posteriormente comenzó a declarar el portavoz adjunto del PP en el Consell, Fernando Rubio, quien llegó al TSJIB acompañado por su abogado, Salvador Perera, así como por el diputado 'popular' Antoni Serra, el portavoz adjunto de la formación en Baleares, Toni Fuster, y la vicesecretaria general del partido, Antònia Estarellas.

"CONCULCACIÓN FLAGRANTE DE LAS NORMAS"

Cabe recordar que el TSJIB asumió la causa después de que el Juzgado de Instrucción número 12, que era el encargado de las investigaciones, elevase a la máxima instancia judicial una extensa exposición razonada en la que la jueza Mari Carmen González determinó que el Decreto aprobado el 30 de diciembre de 2005 para la enajenación de los terrenos palmesanos iba dirigido a "un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos" y constituyó una "conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales".

En concreto, las investigaciones giran en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante la enajenación de los solares, que fueron adjudicados por 30 millones de euros cuando en la fecha de la licitación estaban valorados en 57.837.107 euros.

De este modo, el procedimiento se inició a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro, que no se llevó el concurso pese a ofrecer el doble que lo aportado por la UTE formada por Sacresa y Ferra Tur -adjudicataria-, y que precisamente solicitó al Juzgado, al igual que la Fiscalía, que el procedimiento fuese elevado al TSJIB debido al aforamiento de Nadal y Vicens, principales imputados en la causa.

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