Jacques Bénigne decía que la política es un acto de equilibrio entre gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. Claro que el pensador francés era el gran defensor del origen divino del poder y Francesc Antich, atrapado en el medio de ese equilibrio entre sus socios de legislatura, nunca ha tenido ramalazos de absolutismo. En EU las tesis rupturistas se agudizan mientras el gran impulsor del Bloc, Biel Barceló, intenta frenarles. El Bloc cada vez es menos Bloc y el Pacto cada vez es más hexapartito. Las esperanzas de que se dictaran pronto medidas cautelares contra el conseller imputado, Miquel Nadal (UM), se han diluido conforme pasa el tiempo, mientras el Govern mantiene la postura oficial de esperar a las decisiones judiciales. Parte de EU preferiría dejar el Ejecutivo convencida de que el coste que tendrá compartir responsabilidad de gobierno con un imputado superará cualquier reconocimiento, si es que lo hubiera, por su gestión en áreas como Asuntos Sociales.
En el Bloc cada uno de los miembros de la coalición actúa ya por su cuenta, convirtiendo en estériles las llamadas de Antich a abandonar purismos que paralicen la gestión: el principio de acuerdo para el plan de carreteras del Consell tuvo un jarro de agua fría en el mismo momento de anunciarse, cuando ERC dejó claro que mantiene el desacuerdo dijera lo que dijera la portavoz de su coalición, Joana Lluïsa Mascaró. Al Pacto ni siquiera le sale bien aquello en lo que en principio no existe conflicto entre los socios de legislatura, como lo demuestra la paralización de la gran infraestructura propia que debía impulsar en esta legislatura, el recinto ferial de Palma, a causa de un error en la elección de los solares.
Hace una semana José Blanco llegaba a Palma para animar a los socialistas con el mensaje del partido ´Nuevas Energías´. Por un momento, Antich y Aina Calvo hasta se contagiaron de optimismo, aunque duró poco. El funcionamiento del Pacto, con sus conflictos internos y el retraso en la toma de decisiones ante las dificultades para consensuarlas, es cada vez más un ´déjà vu´ de su anterior experiencia en el Govern entre 1999 y 2003. El president incluso vuelve a ver ante el Consolat de Mar movilizaciones contra su gestión, en este caso de los funcionarios del sector público, incluyendo los trabajadores de la enseñanza concertada, poco dispuestos a permitir un retraso en sus mejoras salariales por mucha crisis que padezcan las arcas públicas. Así no hay dosis energética que aguante y mucho menos si el encargado de traerla es José Blanco.
Menos mal que, a pesar de todo, el Govern sigue aprobando cosas. El viernes, de hecho, se dio luz verde a un convenio de colaboración con Cataluña, Andalucía, Valencia, Aragón y Castilla y Leon para el reconocimiento recíproco de certificados de formación que dan cada una de estas comunidades a los profesionales que realizan tatuajes y piercings. No esta todavía claro que la iniciativa encaje en el mantra del cambio de modelo económico, pero todo se andará. Sobre la futura ley del sector público, ya conocida como ley anticorrupción, la portavoz del Govern Joana Barceló repitió lo de siempre: estará lista pronto. O sea, que aun no hay consenso.
Con la que está cayendo sobre el Pacto, cualquier partido en la oposición se frotaría las manos, salvo que los ciudadanos identifiquen a ese partido como el que logró la mayor ratio de imputados por casos de corrupción cometidos bajo una gestión al frente del Govern. Presuntamente, claro. Las que no son presuntas son las escobillas de baño Lulú del hogar de Jaume Matas, ex president del Govern y del PP. La resaca del registro de su palacete frena la influencia de las desgracias del Pacto a favor de los populares, que podrán consolarse esta próxima semana con la atención judicial puesta en otro lado. El viernes se producía el registro de Sacresa por el caso Can Domenge y el lunes Maria Antònia Munar declarará como imputada. Una semana más con la política repartida entre los tribunales y las instituciones, para no perder la costumbre.
