­"Hay que dejar el discurso populista de no tocar las pensiones porque el sistema de Seguridad Social español está haciendo mucho daño a su economía, a los trabajadores y a los jóvenes". La contundente frase contra el principal medio de vida de muchas familias acosadas por el desempleo y cuya base de ingresos la compone fundamentalmente la paga de los abuelos jubilados es del director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Michele Boldrin. Doctor en Economía por la University of Rochester y profesor de Economía en la Washington University in St Louis, Boldrin es de la opinión de que las pensiones que se pagan en España "son incompatibles con este país".

Desde el inicio de la crisis, Fedea, un laboratorio de ideas fundado hace 27 años con el impulso del entonces gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, se ha caracterizado por su defensa a ultranza de las políticas de austeridad como solución a los problemas de financiación del país y por una estigmatización del gasto de las Administraciones Públicas. Financiado por entidades bancarias como el Santander, el BBVA, La Caixa, el Banco de Sabadell y grandes corporaciones como Iberdrola, Repsol, Abengoa o la Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés). Sus planteamientos han cobrado protagonismo con la crisis económica por su alineamiento con las posiciones ortodoxas de los países del norte de Europa, incluida Alemania. Muchos de los informes de Fedea han puesto en solfa el gasto en prestaciones por desempleo, en sanidad y, en definitiva, el destinado en general a protección social.

El aluvión de argumentos similares procedentes de otros grupos de opinión como el Instituto Juan de Mariana o el Instituto de Estudios Económicos y el fracaso inicial de las políticas keynesianas practicadas por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero han terminado por configurar una suerte de pensamiento único según el cual los españoles de clase media estamos condenados al empobrecimiento y a una progresiva reducción del papel equilibrador y redistributivo del Estado a través del gasto social.

¿Realmente España tiene un sistema social insostenible y sobredimensionado? A tenor de las cifras comparativas con el resto de países de la Unión Europea y la eurozona la respuesta es más bien negativa. Entre los años 2000 y 2007 (en pleno despegue económico a lomos de la burbuja inmobiliaria), el gasto en protección social (excluyendo educación) se mantuvo invariable en torno al 20 % del Producto Interior Bruto, frente al 26-27 % de media en la eurozona, según datos oficiales de Eurostat recogidos por el economista José Moisés Martín, uno de los impulsores del grupo de opinión Economistas frente a la Crisis. Este colectivo busca ofrecer argumentos alternativos a los que lanzan los laboratorios de ideas neoliberales.

Moisés Martín desmonta la idea de que el menor gasto social en España obedece a una menor renta per cápita y que, por lo tanto, el país se encuentra en peor situación económica para sostener su sistema de protección social. Según explica, durante los años de bonanza España ha convergido en términos de renta per cápita muy rápidamente, hasta situarse por encima del 90 % de la media de la eurozona en términos nominales. Sin embargo, el gasto social estuvo hasta 2007 por debajo del 65 % de la media de la eurozona. Este economista formado en Harvard y el Instituto de Empresa, actual asesor económico de la Embajada de Corea del Sur, sostiene que el diferencial social de la eurozona se debe al menor peso del gasto social en el presupuesto público y el menor tamaño del sector público español. "En España, el gasto social ha representado, entre 2002 y 2007, entre un 51 % y un 52 % de todo el gasto público, mientras que la media de la eurozona para ese mismo período se situaba entre el 57 % y el 58 %".

En referencia al tamaño del sector público, a partir de los datos de Eurostat, explica que el gasto público en el mismo período representaba entre el 38 % y el 39 % del PIB, mientras que la media de la eurozona se situaba en 2007 en el 46 %. "En su punto álgido antes de los primeros recortes, el gasto social en España no solo no era desorbitado en función de nuestra riqueza como país, sino que era inferior a lo esperables por nuestro nivel de renta", afirma Martín en un artículo elaborado por Economistas frente a la Crisis. "El mantenimiento del Estado del Bienestar no está en riesgo por motivos económicos -explica-. España debería tener capacidad para sostener su gasto social, más allá de las difíciles circunstancias en las que ahora se encuentran nuestras finanzas públicas, si su fiscalidad fuera la adecuada. La clave de nuevo no está en la riqueza del país, sino en cómo la distribuimos entre los que vivimos en él».

En esta afirmación coincide el catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y director del Observatorio Social de España, Vicenç Navarro. "España se gasta muy poco en su Estado del Bienestar, pero lo que es incluso más grave es que se gasta menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza económica". Navarro explica que en el año 2007 España tenía un PIB por habitante del 93 % promedio de la UE-15. "Sin embargo, su gasto público social por habitante en 2007 era solo del 74 %. Si fuera un 93 % en lugar del 74 % habría alrededor de 70.000 millones más de euros en su gasto público social. Este es su déficit social", explica.

Este profesor tiene un explicación histórica del subdesarrollo de la España social. La dictadura franquista supuso un freno al desarrollo del gasto en protección social, que apenas era del 14 % del PIB a la muerte de Francisco Franco cuando en los países que luego conformaron la UE-15 alcanzaba ya el 22 %. Tras la llegada de la democracia, los distintos gobiernos hicieron un esfuerzo por acortar distancias. Pero a partir de 1993, con el objetivo de alcanzar los criterios de estabilidad presupuestaria de Maastrich, los Ejecutivos "intentaron reducir el déficit del Estado a base de reducir el gasto público social per cápita". Justo lo que ahora pretenden intensificar los profetas de la austeridad.