El Gobierno y las Comunidades Autónomas trabajan en un acuerdo para que el periodo que transcurre desde que una persona dependiente presenta su solicitud a la Administración hasta que recibe la visita del profesional para realizarle la valoración del grado de dependencia no se demore más de tres meses.
El secretario general de Política Social, Francisco Moza, ha abogado por reducir los plazos en los diferentes trámites de la Ley de Dependencia. "No podemos permitir que los ciudadanos esperen demasiado tiempo", aseveró Moza el pasado fin de semana, al tiempo que avanzó que de cara a 2010 se introducirán novedades para agilizar el sistema. Una de ellas fijará en tres meses el tiempo máximo para realizar la evaluación a la persona dependiente que ejerza su derecho a beneficiarse de la Ley. También está previsto que se marquen los plazos para emitir los dictámenes de las valoraciones y para presentar a los dependientes el PIA (planes individuales de atención que recogen las prestaciones a las que puede acogerse).
En este sentido, cabe destacar que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales viene denunciando desde hace meses que el plazo desde que se realiza el examen de evaluación a la persona dependiente hasta que se emite un dictamen llega a extenderse hasta 15 meses en algunos casos. También son patentes los retrasos en la percepción de las ayudas.
Ante esta situación, el secretario general de Política Social ha asegurado que "antes de que concluya el año, dos de cada tres dependientes serán atendidos y el resto estará en proceso de asignación de la prestación".
