La historia no es nueva en la Serra de Tramuntana. Los protagonistas se repiten, cíclicamente. En primer lugar, unas normas urbanísticas obsoletas que llevan décadas sin actualizarse. Dos, un entorno de postal con un tirón magnético para el inversor extranjero en ladrillo de alto standing. Y, tres, una población local y unos movimientos ecologistas que se echan las manos a la cabeza al ver cómo se proyecta un pequeño pueblo de nueva planta a las puertas de sus casas.
El caso más reciente ha sucedido en Bunyola, con la promoción residencial que ya se comercializa delante de la antigua possessió de Can Mas, en un suelo calificado como urbano. La pasada primavera, el GOB alertaba de otro proyecto urbanizador en Puigpunyent. Y remontándonos aún más en el tiempo hay que recordar casos sonados como el del 'Petit Deià' u otros que, finalmente, no llegaron a cuajar, como la urbanización de es Guix, en pleno corazón de la Serra, en Escorca.
La Tramuntana, Patrimonio Mundial de la Unesco en la categoría de Paisaje Cultural, constituye un goloso pastel para las promociones inmobiliarias, generalmente de lujo, en un mercado que siempre cotiza al alza en un territorio reducido como el de Mallorca. El proyecto de construcción de 36 viviendas frente a las casas de Can Mas, en Bunyola, es el último de los grandes planes urbanísticos que afectan a pueblos de la Serra de Tramuntana.
El ya denominado 'petit Bunyola' ha movilizado en las últimas semanas a vecinos y ecologistas, que han creado la plataforma Salvem Can Mas para intentar parar la nueva urbanización, aunque el consistorio ya ha advertido de que la promoción ha sido proyectada en terrenos urbanos según las Normas Subsidiarias de 1978, aún vigentes, y que la licencia cumple todos los requisitos "preceptivos, urbanísticos y jurídicos", por lo que no puede pararla, aunque el nuevo plan urbanístico del municipio ya está aprobado inicialmente.
La nueva urbanización se construirá en dos fases de 18 viviendas cada una. La primera de ellas está prevista para 2020 y ya se ha puesto a la venta con casas a precios que van de los 240.000 hasta 450.000 euros.
Can Mas, situada en una de las salidas del núcleo urbano de Bunyola, es una de las possessions emblemáticas de Bunyola y desde principios del siglo XX ha jugado un papel clave en el desarrollo urbanístico del pueblo. Está deshabitada desde 2013, cuando el hijo de los últimos amos abandonó la finca, y desde entonces su futuro urbanístico estaba en boca de todos. Las quejas que ha despertado el proyecto entre vecinos y ecologistas van desde la destrucción paisajística y medioambiental de su entorno hasta el hecho de que la nueva promoción no soluciona la falta de vivienda asequible, especialmente para jóvenes, en el municipio.
"Gran parte de la Serra de Tramuntana es espacio protegido, y una parte, todavía resistente y que debemos preservar, se dedica a la agricultura. Por lo tanto, el suelo de la Serra es finito. Por este motivo, desde Tramuntana XXI invitamos a la reflexión y al análisis profundo del suelo urbanizable disponible en la Serra", manifiesta el vicepresidente de Tramuntana XXI, Joan Mayol, quien invita a hacer un ejercicio de "sentido común".
"Se debe priorizar la construcción de viviendas que tengan como finalidad ofrecer soluciones habitacionales a vecinos y vecinas, como primera residencia. Sabemos que ésta es una preocupación y uno de los principales problemas de los residentes en los municipios de la Serra. Por su gran impacto ambiental y por no responder a las necesidades reales de sus residentes, no apoyamos la construcción desmedida de edificios en la Serra con usos puramente turísticos o dirigidos a un público 'de lujo", sostiene Mayol.
En otro de los pueblos de postal de la Tramuntana, Deià, también causó revuelo hace un par de años la urbanización 'Petit Deià', un complejo de 21 viviendas de lujo en una de las zonas más privilegiadas del municipio.
La construcción de estas casas suscitó el rechazo de una parte de la población de Deià, que salió a la calle en una manifestación a la que acudieron más de 200 vecinos para pedir su paralización pese a tener todos los permisos administrativos.
El complejo de viviendas de alto standing se levanta en una zona catalogada como urbana denominada Sa Vinya des Molí en las afueras de Deià. Los promotores se acogieron a las normas subsidiarias que regulan el urbanismo del municipio para solicitar la licencia de obras.
Las normas urbanísticas de Deià datan de principios de los años ochenta del pasado siglo, algo que sirvió de argumento para que los partidos políticos se propusieran revisar las normas con la redacción de un plan general para evitar que se puedan levantar nuevos complejos de viviendas de lujo en el municipio. La construcción del 'Petit Deià' tuvo fuerte contestación social debido a los serios problemas que tienen los vecinos del pueblo para poder acceder a una vivienda propia debido al elevado precio propiciado por la presión especulativa.
Se da la circunstancia de que Deià es el segundo municipio de Balears con el precio de la vivienda más cara, lo que hace imposible para sus vecinos poder acceder a una vivienda propia. El estudio, que se dio a conocer recientemente, cifra en 5.342 euros el precio del metro cuadrado en Deià, algo que para el bolsillo de trabajadores y jóvenes hace imposible que puedan plantear el acceso a una vivienda propia en su mismo pueblo.
El boom inmobiliario que sufre el Deià se da en otros municipios de la Serra de Tramuntana como Sóller o Fornalutx. En este último municipio se edifica otra promoción de seis viviendas de lujo pero, a diferencia de Deià, su construcción no ha suscitado polémica pese a que el acceso a la vivienda es igual de complicado.
En otros casos, la presión social, vecinal y ecologista echó para atrás destacados proyectos urbanísticos. Como sucedió hace una década con la urbanización de es Guix, en pleno corazón de la Serra: Escorca.
El conjunto residencial estaba compuesto por 105 viviendas, con capacidad para unos 700 habitantes. La intención era crear un pequeño pueblo
en la Tramuntana. El proyecto generó serias discrepancias políticas entre Consell y Ayuntamiento, en aquel entonces de diferente signo político. La institución insular, en manos de la izquierda, convirtió el freno al proyecto urbanizador en una apuesta política y llegó a presentar una demanda contra la licencia otorgada en su día por el Consistorio al considerar que se había dado en un "falso suelo urbano". Por el contrario, el entonces alcalde, Antonio Gómez (PP), defendía con ahínco la calificación urbana de los terrenos.
La historia, como ya es sabido, acabó con la desclasificación de los terrenos. Es Guix se quedó en el cajón, y la decisión fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que en 2016 concluyó que se trata de una zona de enorme valor medioambiental y paisajístico, con masas boscosas de gran interés ecológico en su interior y rodeado de zonas formalmente clasificadas como Áreas Rurales de Interés Paisajístico y ANEI de Alto Nivel de Protección.
Estas herramientas de protección hacen "prácticamente imposible" desarrollar grandes proyectos urbanísticos en la Serra, como afirma el presidente de la asociación de promotores de Balears, Luis Martín, quien asegura que, si estos casos crean impacto mediático, ello se debe a lo excepcional de estas construcciones. "Hay muy pocos proyectos [en la Serrra] y, cuando sale alguno, llama la atención de la sociedad", dice.
Martín subraya que quienes protestan encarecidamente contra estos proyectos deberían dirigir sus críticas a los ayuntamientos. "Son los ayuntamientos los que no han hecho sus deberes y eso implica que pasen estas cosas", argumentó Martín, refiriéndose a planes urbanísticos municipales caducos que no se han adaptado a los nuevos tiempos.
Respecto a los cambios de normativa a posteriori para evitar determinados proyectos urbanísticos, el presidente de los promotores advierte del coste en forma de indemnizaciones que pueden tener para las arcas públicas. "Si alguien ha promovido un proyecto cumpliendo con la normativa y respetando los plazos y después se lo echan para atrás, puede tener derecho a indemnizaciones", arguye.
