La sala de lo militar del Tribunal Supremo considera a la jurisdicción castrense competente para juzgar la muerte del legionario mallorquín Alejandro Jiménez Cruz durante unas maniobras en Alicante. De esta manera el Alto Tribunal desestima un recurso de casación interpuesto por la familia del militar fallecido.
La resolución del Supremo considera, por tanto, el auto dictado del Tribunal Territorial Segundo ajustado a derecho. En este sentido el fallo es desfavorable a las pretensiones de la familia de Alejandro Jiménez a que su muerte en unas maniobras fuera enjuiciado en la jurisdicción civil.
El recurso presentado por los familiares de la víctima planteaba que se podría haber vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y que solo abordaba una muerte accidental. El Alto Tribunal sale al paso de que la jurisdicción militar no esté habilitada para enjuiciar un posible delito doloso. No obstante, el Supremo resalta a que este extremo se tendrá que dilucidar en la vista oral e indicaba que los familiares del legionario estarían prejuzgando los hechos.
El legionario mallorquín Alejandro Jiménez Cruz, de 22 años, falleció el 25 de marzo de 2019 durante unas maniobras en un campo de entrenamiento en la localidad alicantina de Agost. El militar recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte.
Las primeras informaciones difundidas por el Ejército apuntaban a una muerte accidental del legionario durante dichas maniobras con munición real. Sin embargo una meticulosa investigación de la Guardia Civil desmontó por completo esta hipótesis.
Los expertos del instituto armado no solo apreciaron un cúmulo de imprudencias e irregularidades como causantes de la muerte del legionario mallorquín. También constataron un deliberado intento de determinados soldados y mandos militares por entorpecer las pesquisas.
El fiscal solicita penas que suman 19 años de cárcel para los cuatro militares procesados. El principal acusado es un sargento , presunto autor material del disparo que acabó con la vida de Alejandro Jiménez Cruz en dichas maniobras, que se enfrenta a siete años y medio de prisión.
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