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Caso Abierto - Diario de Mallorca

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Investigación

La jueza cree que los guardias civiles detenidos seguían espiando a otras personas en Mallorca

La magistrada justifica el ingreso en prisión de dos de los acusados en el "claro riesgo de fuga" por sus vínculos con el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli

El guardia civil encarcelado por el espionaje, anteanoche al ser conducido a prisión.

La jueza cree que el grupo detenido por el espionaje a una mujer en Mallorca continuaba espiando a otras personas en la isla por encargo. El auto en el que justifica el ingreso en prisión sin fianza de dos de los acusados -Mario E.G., responsable de Kougar, y el guardia civil Javier H.F.- señala que aunque no se han encontrado todavía otras víctimas, «cabe sospechar que existen». Además, destaca la gravedad de sus actos y explica que su relación directa con Ricardo Martinelli eleva su riesgo de fuga a Panamá. 

La magistrada del juzgado de instrucción número 2 de Palma apunta a la comisión de delitos de pertenencia a grupo criminal, acoso, cohecho y revelación de secretos. Destaca que durante varias semanas vigilaron «a todas horas y en cualquier lugar» a la mujer, incluso cuando estaba dentro de su domicilio.

El auto considera especialmente grave que Javier H.F. se identificara como agente de la Guardia Civil con su placa oficial ante una vigilante de seguridad para acceder a una urbanización privada a la que había acudido la víctima. Resalta los indicios de posibles accesos irregulares a bases de datos oficiales, no acreditados hasta ahora, para obtener información y el uso también ilegal de dispositivos de localización y seguimiento.

La jueza considera que el grupo, en el que podrían haber participado más personas todavía sin identificar, actuaba con una jerarquía clara y con reparto de funciones. El auto apunta a que el espionaje encargado por Ricardo Martinelli no sería un caso aislado, sino que esta «sociedad» habría seguido y vigilado en Mallorca a otras personas

El ingreso en prisión de Mario E.G. y Javier H.F., representados por los letrados Antonio Fuster y Álvaro Martín, se basa en el «claro riesgo de fuga» por sus vínculos con Martinelli -afincado en Panamá- y por la posibilidad de que sigan llevando a cabo actividades ilegales o destruyan pruebas. La magistrada decidió dejar en libertad a los otros cuatro detenidos, aunque les retiró el pasaporte y les impuso comparecencias periódicas en el juzgado.

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