Un ciudadano ecuatoriano de 51 años se enfrenta a una pena de ocho años y medio de prisión por intentar matar a puñaladas a un compañero de piso, al que reclamaba 60 euros por el alquiler de una habitación. El intento de homicidio ocurrió en octubre de 2018 en un domicilio de la barriada de Plaza de Toros, en Palma. El juicio se celebrará la semana que viene en la Audiencia Provincial.
En la casa, en la calle Fra Lluís Jaume Vallespir, convivían el acusado, un ciudadano ecuatoriano de 51 años en situación irregular en España, y un hombre de 61 años, que tenía arrendada una habitación. Según el relato de los hechos que hace el fiscal, sobre las seis de la madrugada del 6 de octubre de 2018 el ecuatoriano irrumpió en la habitación de su compañero de piso tras romper el pestillo de una violenta patada, y le reclamó el pago del alquiler.
Comenzó entonces una discusión, en la que el inquilino se negó a abonarle la deuda, que según informó la Policía ascendía a 60 euros. El procesado se dirigió entonces a la cocina, cogió un cuchillo y atacó con él a su compañero de piso mientras le decía: «Hijo de puta, te voy a matar».
La víctima recibió una cuchillada en el tórax antes de poder zafarse. Empujó al agresor, salió corriendo de la casa y se refugió en un hostal cercano.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido, varias dotaciones de la Policía Nacional acudieron al lugar y arrestaron allí mismo al sospechoso. Mientras tanto, el herido fue atendido por el equipo de una ambulancia del 061 y evacuado con urgencia al hospital de Son Espases.
Fuentes sanitarias indicaron en un primer momento que el hombre había recibido tres puñaladas, aunque solo una le había producido una herida.
El fiscal refiere en su escrito de acusación que el hombre sufrió una herida incisa en la región torácica que requirió tratamiento quirúrgico, y de la que tardó dos semanas en recuperarse.
Los hechos serían constitutivos de los delitos de intento de homicidio y allanamiento de morada. Por el primero la fiscalía reclama una condena de siete años y medio de prisión, y uno más por el segundo. El fiscal solicita además que se le prohíba al acusado acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante doce años.
También interesa que, una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena o alcance el tercer grado penitenciario, se sustituya la prisión por la expulsión de territorio español, con la prohibición de regresar durante un periodo de diez años. Y a ello añade el pago de una indemnización de 1.650 euros a la víctima.
Está previsto que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia Provincial de Palma.
